TAREA POLÍTICA

En medio de los furibundos ataques que los columnistasnachoperalta@gmail.com enderezaron en contra del senador de la República Jorge Luís Preciado Rodríguez por haberse atrevido éste a proponer que los mexicanos recuperen su derecho a poseer armas de fuego en sus casas y negocios y portarlas en sus automóviles para defenderse de los malos de la película que el Gobierno responsable de su seguridad no ha podido someter, surgió la voz clara, precisa y sustentada del General Brigadier Francisco Gallardo Rodríguez, conocedor del tema como el que más.

De entrada, el también Doctor en Administración Pública por la UNAM y Defensor de Derechos Humanos, para que nadie se haga bolas, cita textual el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “los habitantes tienen derecho a poseer armas en sus domicilios para su seguridad y legítima defensa”, mismo que el temeroso Ejército Mexicano se pasó por el arco del triunfo con la extremadamente restrictiva Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos Vigente que el modosito Congreso de la Unión graciosamente le obsequió en 1972. Porque el miedo no anda en burro,  a quienes prestan su servicio militar no les enseña a manejar armas. Si no quieren que las posean mucho menos que sepan como dispararlas.

El Ejército que  monopoliza la venta de armas en México dándose “el lujo de venderle a quien quiere y cuando quiere”, según información de The Daily News/Proceso,  apenas ha sido capaz de legalizar el 18%  del total de armas que  hay en el territorio nacional, cinco millones y medio registradas contra  25 millones ilegales, la mayoría  de estas de igual o superior calibre y poder destructor que las poseídas por las fuerzas armadas del país. La ecuación anterior es claro indicador de que quienes pueden ejercer a plenitud su “derecho humano a poseer y portar armas” son los delincuentes y no quienes observan religiosamente la Ley, aberración que urge eliminar.

Más que probado está que el estado mexicano, marcadamente en las últimas dos décadas,  ha sido incapaz de proteger a su población, situación en que “la responsabilidad de protección recae en los ciudadanos”, pero como en palabras del General Brigadier Gallardo Rodríguez, “el poder de facto que ejercen las autoridades militares está más allá de cualquier discusión y no existe recurso alguno para que un ciudadano común lo pueda objetar, pues es la voz del alto mando militar”, a los mexicanos de a pie se los seguirá chupando la bruja ante la indiferencia de sus gobernantes que se trasladan en costosísimos vehículos blindados y protegidos ellos sí por decenas de guardias de seguridad armados hasta los dientes,  y que todavía tienen la desfachatez de declarar que “el hecho de que no haya armas de fuego en los domicilios de las personas es un sinónimo de que vamos a disminuir la violencia y de que queremos construir un México en paz, pues para que México esté en paz necesita ser un país desarmado”. ¡No pos’ sí ¡

Da en el blanco el General Brigadier cuando afirma que “la prohibición para que los mexicanos tengan posesión de armas para su legítima defensa tiene por objeto mantener un control social e impedir que la sociedad esté en posición  de defenderse en ausencia de un gobierno que le dé protección”. La cruda realidad es que a estas alturas del partido es que los mexicanos necesitan de las armas para defender su propia vida, no hacerle frente a una invasión extranjera ni  pelear por el mancillado  honor de la Republica y la integridad del territorio nacional.

Vale la pena cerrar este tema con el más que oportuno y pertinente parafraseo que Gallardo Rodríguez hace de Aristóteles: “Tanto el oligarca como el tirano desconfían del pueblo; por lo tanto, lo privan de sus armas aun cuando sólo aquellos que las empuñen pueden ser ciudadanos”. Cualquier semejanza con lo que sucede en México es pura y simple coincidencia.

EL ACABO

  • Como siempre, cuando los perros de rancho ladran sólo el primero en hacerlo conoce el motivo. Los demás se van a la cargada sin ton ni son, tal como ha sucedido con la propuesta armamentista del senador Preciado Rodríguez.
  • Mañana cumplen su primer año de máximo tres los diez presidentes municipales de Colima, la mayoría de los cuales buscará la reelección en 2018.
José Luís Santana Ochoa

Analista político

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