Sergio Jiménez Bojado

EL problema del narcotráfico es como una avalancha que aumenta en proporción a los niveles de la corrupción social. A mayor corrupción en la sociedad, mejor caldo de cultivo para el crecimiento de las redes del narcotráfico. Este fenómeno no es un problema entre policías y narcos solamente, entre aparato de justicia y delito. Es un lodo formado de todos los polvos que desprende la sociedad, que educa, capacita y organiza individuos capaces de consumir, producir y distribuir drogas, en medio de reglas que permiten la existencia del poder del narcotráfico y el crimen organizado.

La complicidad social es visible en Colima, pues a pesar de las fehacientes pruebas de la relación de gobiernos y narcotráfico, en la historia reciente de sus gobernadores, desde Elías Zamora hasta la actualidad, la mayoría sigue votando por el partido que los ha llevado al poder. Ello significa los niveles de corrupción social en el estado.

Las redes nacidas en el tráfico podrían ser disminuidas si su ganancia no fuera a casi todos los segmentos de la sociedad, si el dinero acumulado no transitara a la vida ciudadana, pero la necesidad y el hambre, en primer lugar, más una educación insustancial, cuya prioridad es la eficiencia funcional, forjan individuos adecuados para ser usados por el poder del dinero, al margen de su origen. Por mencionar un trágico ejemplo de lo anterior está la llamada reforma educativa, que más que preocuparse por transformar los contenidos de la educación contra la corrupción, es una medida de persecución contra los maestros disidentes a las medidas presidenciales del mismo partido dominante.

El número de familias que viven del narcotráfico ha ido en crecimiento, desplazando a los tradicionales estratos, que han tenido que emparentar a veces su sangre, a veces sus capitales, con un poder que se alimenta de la descomposición social.

El Estado, como estructura donde se expresan todas las formas de poder de la sociedad, es permeable al narcotráfico que corrompe a funcionarios de todos los niveles y de todos los Poderes, para conservar su impunidad y permanencia. La política, como cuerpo vivo de la estructura del Estado, se moldea sobre las reglas que construyen los poderes fácticos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Así, el narcotráfico es un poder que se alimenta y reproduce en un vasto territorio que se llama delito. En este territorio se convocan a actores y factores que, en juego, multiplican el valor de productos, cuya distribución y consumo ha sido previamente tipificada como prohibida. No importando los comparativos en materia de salud, con productos no prohibidos, como el alcohol o el tabaco, y muchísimos más de efectos cancerígenos.

La prohibición, primero, y luego la comisión del delito, son las fuentes de una enorme industria que coloca una sociedad debajo de la otra, socavándole la raíz de sus estructuras morales. Todo producto o servicio prohibido origina mercado, tráfico y, por consecuencia, un poder.

El Estado, como suma de todos los poderes fácticos de la sociedad, tolera el poder que se genera a raiz del delito, de ahí que Estado, política y delito están invariablemente entrelazadas, pues son entidades que no pueden existir por separado.

En el fondo, todo el conflicto que nace entre todas las instancias de la sociedad, ante la necesaria legalización del consumo de drogas, tiene como raíz la pérdida de ingresos para políticos, funcionarios de muy altos niveles y todo el aparato judicial que medra del delito.

En Colima, por ejemplo, la mayoría de los ricos, que “hicieron” su riqueza del poder público, entre otros, algunos ex gobernadores, es imposible que no hayan sido cómplices del narcotráfico. Las prioridades para desterrar el narco corresponden a otra visión de Estado y a otro tipo de gobiernos que no serán del PAN ni del PRI y partidos satélites, serán parte de un nuevo Estado como el que propone Morena, en su Proyecto Alternativo de Nación.

Sergio Jimenez Bojado

Luchador social y Presidente del Comité Ejecutivo Estatal Morena.

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