Héctor Gutiérrez Magaña

El ejecutivo lanzó una iniciativa para el siglo xii en un sistema político del siglo xx. Los intereses de los concesionarios siguen intactos y no hay un incentivo fuerte para que mejore el transporte público. Los servicios tipo Uber apenas y se permiten por lo que seguirán operando de forma irregular. El descuento estudiantil en autobuses sigue corporativizado por el monopolio de la FEC. Los colimenses estarán sometidos a las verificaciones vehiculares sin ninguna certeza legal de cuánto costarán y en manos de quién irá a parar ese dinero.

La flamante Ley de Movilidad se inspiró en el progresismo de las grandes urbes, pero se aprobó en las tierras del PRI, el SNTE y Jorge Luis Preciado. Aquí la gestión pública y la política no se tratan de bienestar colectivo. Aquí los políticos reparten bolillos, láminas de asbesto y despensas a bajo costo.

La Ley de Movilidad nos ofrece ciudades para los ciudadanos y no para los autos. Se supone que el primer paso es un transporte público eficiente y digno, pero dejando las concesiones como una posesión perpetua para los transportistas quién sabe cómo se sentirán obligados a cambiar los autobuses, a pagar mejor a los choferes para que estén capacitados o a ofrecer certezas de a qué hora pasa la ruta.

Los ciudadanos se quejan mucho del servicio de camiones y taxis, y dicen que por eso recurren a servicios como los de chofer pro. Hay un mercado emergente que los servicios tradicionales no pueden satisfacer. En esta lógica su regulación representaría satisfacción para los usuarios, oportunidades de empleo para los choferes e ingresos para el Estado. Pero se impusieron los amagues de los líderes charros que dan votos.

Chofer Pro y los demás no tienen fuerza de presión sobre los diputados. La gente ni se enteró de la ley, y la verdad es que la capacidad de organización de los colimenses es limitada. La oposición política (asumiendo que el PAN lo es) ni siquiera nos avisó cómo venía la nueva norma. Una vez aprobada, salen al público a decir que defienden los intereses del pueblo.

Por si fuera poco las trampas legales pueden alimentar el círculo de corrupción que tanto afecta tanto a las instituciones políticas como a los ciudadanos. Las verificaciones vehiculares que dicta la nueva Ley quedan al arbitrio del poder ejecutivo. Pueden ser dos al año o una cada sexenio. No lo sabemos porque la ley no lo especifica. Las verificaciones las podrán hacer particulares bajo concesión estatal ¿será la oportunidad de hacer nuevos negocios? ¿Cuánto van a costar y quién las va a pagar?

Una de las leyes más innovadoras, detalladas y tediosas dejó felices a los concesionarios de transporte público, ha sido alabada por los legisladores del PRI-PANAL-PT, y ya despertó la inconformidad de los ciudadanos a los que supuestamente está orientada a beneficiar. El gobierno va a decir que es un error de comunicación. Así son nuestros representantes; Imaginan a Colima de primer mundo mientras peinan el caballo para las fiestas.

Héctor Gutiérrez Magaña

Analista político

Maestro en investigación en Ciencias Políticas.

 

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