El pasado Jueves 5 de Septiembre, la diputada federal por Colima, Claudia Yáñez Centeno anunció que presentará un punto de acuerdo para destituir a la delegada estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva.

La legisladora expresó que estos solicitan la destitución de la delegada federal ante los presuntos actos de corrupción cometidos. De esta manera enumeró seis presuntas situaciones:

“Primero. El fraude cometido en perjuicio del Honorable Ayuntamiento de Cuauhtémoc, por alrededor de 100 millones de pesos, el cual se encuentra en la Fiscalía General del estado de Colima bajo el expediente 695-17, por la comisión de posibles hechos de corrupción.

Segundo. La negativa para censar a estudiantes y ser beneficiarios de las Becas Universales Benito Juárez, no obstante haberse encontrado estos registrados previamente en Prospera.

Tercero. La discrecionalidad y la falta de transparencia en la entrega de recursos de los programas sociales.

Cuarto. Las labores proselitistas durante su gestión utilizando a servidores públicos y beneficiarios de programas sociales, entre los que se encuentran personas de la tercera edad, bajo la promesa de recibir apoyos, han sido totalmente engañadas.

Quinto. La imposición de María Elena Adriana Ruiz Visfocri, como titular de Derechos Humanos en el estado, quien resultó ser amiga y abogada de su papá, es papá de la delegada, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez.

Sexto. Las corruptelas e intromisión en la vida parlamentaria del congreso estatal, lo que genera incertidumbre e ingobernabilidad en la entidad. De ser el caso, estaríamos en presencia de un cacicazgo local, y de liderazgos estatales, consintiendo cotos de poder que se mantienen impunes ante las anomalías que se cometan, permitiendo con ello seguir robando al erario público, es decir, robarle al pueblo, lo cual atenta en contra de los postulados contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”.

Por lo que la diputada hizo un urgente llamado a la Secretaría de Bienestar; la Secretaría de Gobernación; la Secretaria del Trabajo y Previsión Social; la Secretaría de la Función Pública; la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima, a atender las presuntas irregularidades cometidas por Vizcaíno Silva en el ejercicio de sus funciones.

Por otra parte, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, expresó que no le toca dirimir, ni juzgar la situación en la que en el ámbito federal cuestionan la actuación de algunos federales, entre ellos, Indira Vizcaíno Silva, delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en Colima. En su opinión el modelo que ha implementado está todavía en observación, por lo que no se puede sacar una conclusión sobre la funcionalidad del modelo.

Peralta Sánchez dijo que como gobernador no le corresponde evaluar el desempeño de Indira Vizcaíno, lo cual es obligación de sus superiores y de la población colimense.

 

 

 

 

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