Eric Ramírez

A partir de hace unas semanas se notó un incremento incesante de la violencia en nuestro estado. El llamado martes rojo puso en evidencia la excesiva inseguridad en nuestra entidad, que aunque ya pesaba en la realidad cotidiana desde hace un buen tiempo, por la cantidad y cruenta forma de comisión de ciertos ilícitos simultánea e intempestivamente, puso a la sociedad colimense al bordo de la psicosis. Y es que por si fuera poco el que los llamados delitos de alto impacto se hayan incrementado, también lo han hecho de igual o mayor manera los delitos comunes: robos, en sus modalidades de casa a habitación o con violencia, como el pasado atraco a un comerciante a las afueras de un centro bancario.
Cuando antes se pretendía excusar la ineficiente estrategia de seguridad en que los delitos de alto impacto eran cometidos por integrantes del crimen organizado y solo se perpetraban en los pertenecientes a ese círculo, ahora tenemos que padecer la inseguridad en todos los niveles sociales. El temor ya no radica en el eventual infortunio de atravesarse en una balacera y/o ajuste de cuentas entre sicarios, sino también el ser afectados sustancialmente en nuestro patrimonio, en nuestros hogares o pertenencias.
Las más recientes noticias dan cuenta de decapitados, narcomensajes, ajusticiamientos del hampa y toda clase de ilícitos que hacen pensar que en Colima no hay ley, ni mucho menos quien la pueda hacer valer. Como lo refiere el reciente y triste anuncio del primer lugar nacional que Colima tiene en homicidios dolosos.

Mientras todo esto sucedía cobró fuerza el rumor, eso sí, quizá alentado por la oposición (a ciencia cierta no se sabe porque no ha sido oficialmente desmentido) ,de que el Gobernador del estado estuvo ausente de Colima en la semana más dura de la crisis de inseguridad en lo que va del año. Esto, más allá del argumento de crítica y golpeteo político que pueda provocarle la oposición por ello, denota una falla estructural del mismo sistema de seguridad pública, porque a pesar de que el gabinete de seguridad esté coordinado por el Secretario General de Gobierno según la ley orgánica de la administración pública estatal, todas las teorías, estudios, recomendaciones y análisis serios refieren que para que una estrategia de seguridad sea adecuada, dentro de múltiples factores , aparte está el que estén bajo una estricta supervisión y fiscalización en su puntual cumplimiento del titular de la administración, como “líder de proyecto”. La responsabilidad de la seguridad, solo es delegable administrativamente, más no de forma política.

Con todo lo anterior es inaceptable el argumento vertido recientemente por el gobernador en el sentido de que el problema de la seguridad es “heredado”, ya que el titular de la Secretaría General de Gobierno, y el de Seguridad Pública, lo son desde el inicio del interinato iniciado en noviembre del año pasado. Y eso convierte a Arnoldo Ochoa González, y a Eduardo Villa, en responsables directos, por lo menos ante el mismo gobernador, de las buenas cuentas que rindan estos sobre la importantísima asignatura de la Seguridad Pública del estado.

La inseguridad en nuestro estado no se va acabar por la voluntad ni la capacidad de un solo hombre, ni dos o tres, para que una estrategia integral sea adecuada requiere de tan múltiples como diversos factores, entre los cuales los componentes pilares son sin duda la prevención del delito, la procuración y administración de justicia, así como la readaptación social, eso sin mencionar la adecuada e integral transición al nuevo sistema de justicia penal. Si uno de los anteriores falla, se viene abajo todo esfuerzo institucional que se emprenda en una de las piezas del sistema. Pero sin duda, dos elementos en esta ecuación son fundamentales, y esa es la participación entusiasta de la ciudadanía, y la responsabilidad plena que asuma sobre el tema el titular de la administración pública. Mal se empezaría, si desde ahorita, a cada crisis, corresponda una olímpica lavada de manos, como aquel pretexto de la herencia maldita de la inseguridad, en la cual encontró una excusa improvisada Nacho Peralta.

La seguridad de antaño es un anhelo común, con responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad, pero debe entender el Gobernador, que es él más que nadie el que mayor tiempo, dedicación y talento debe enfocar en esta materia. Es relevante que comience a distinguir desde ahora, la enorme diferencia entro lo importante y lo urgente, por el bien de Colima y su gente.

Eric Ricardo Ramírez Álvarez.
eric_ricardo@hotmail.com
*El autor es Licenciado en Derecho por la UNAM, Diplomado en Prevención del Delito por la Universidad de Chile, Locutor, y Presidente de la Asociación Civil “Estrategia 20-21”.

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