• Legislativo instruyó a los 10 Ayuntamientos solucionar asentamientos irregulares.

El Pleno del Congreso del Estado de Colima aprobó el punto de acuerdo presentado por la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por el que exhorta al Secretario de Planeación y Finanzas (Seplafin), Carlos Arturo Noriega García, para que en un plazo no mayor a quince días, cumpla el acuerdo signado el 30 de noviembre del año pasado y aplique 3.5 millones de pesos para adquisición de vivienda social.

El acuerdo señala que el Gobierno Estatal comprometerá recursos del Presupuesto 2020, en virtud de existir suficiencia financiera y haberse identificado la fuente de ingresos, autorizándose las adecuaciones presupuestarias justificadas por el titular del Poder Ejecutivo, a través del titular de la Seplafin.

Claudia Aguirre dijo que el acuerdo señala que la reasignación de las partidas 41542 y 42624 se hará al Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda (Insuvi), para adquisición de vivienda social durante el primer semestre del año 2020, y a unos días de que concluya este término, este recurso no se ha depositado al Insuvi, por lo cual es imperioso exhortar a la Seplafin para que cumpla lo acordado.

La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas del Congreso añadió que sigue recibiendo denuncias de personal del SNTE 39, quejándose de adeudos del Gobierno de Colima con los servicios médicos que reciben, lo que ocasiona perjuicios a las y los trabajadores de la educación.

Recordó que en el Acuerdo firmado por Noriega García señala la reasignación de 800 mil pesos, para ser destinados a la partida de servicios médicos privados del personal del SNTE 39, infiriéndose por las quejas del Magisterio que tampoco ha sido ejercido conforme a lo acordado.

Es por todo lo anterior, que el Poder Legislativo exhortó al titular de la Seplafin a cumplir a la brevedad los compromisos realizados con esta Legislatura y dar solución a las problemáticas mencionadas.

SOLUCIÓN A ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Igualmente, el Poder Legislativo avaló el acuerdo expuesto por la Diputada Claudia Aguirre, para exhortar a los diez ayuntamientos de la entidad, a fin de que ejerzan

cabalmente las atribuciones que les confiere la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, y por conducto de las dependencias municipales competentes, inhiban y solucionen la problemática de los asentamientos irregulares.

La Diputada de Morena dijo que es común encontrar muchísimas colonias que carecen de servicios públicos básicos, causando malestar de sus habitantes quienes por necesidad, desconocimiento de la ley, o de forma intencional, fincan su domicilio en esos asentamientos irregulares, generando una delicada problemática social.

Hay colonias como Prados de la Estancia, que llevan años solicitando al Ayuntamiento de Colima y Ciapacov servicio de luz, alumbrado público y agua potable; que es imposible por las restricciones de la legislación; estas entidades no pueden brindar dichos servicios si la colonia no se encuentra debidamente urbanizada. “Sin embargo, la propia legislación contempla mecanismos para evitar y solucionar estos problemas”, dijo.

Aguirre Luna recordó que la Ley de Asentamientos Humanos dispone que mientras el Ayuntamiento no reciba las obras para su municipalización, el urbanizador/promotor está obligado a brindar vigilancia, agua potable, alumbrado público y el alcantarillado; prestar servicio de limpia y recolección de desechos, mantener limpios y bardeados los terrenos, así como conservar las áreas verdes.

Se desprende que si bien los servicios públicos son obligación de los ayuntamientos, mientras las obras no se encuentren municipalizadas, corresponde a los desarrolladores y promotores otorgar dichos servicios, pero aunque existen asentamientos humanos sin municipalizar, los ayuntamientos poco hacen para solucionar este problema, no obstante tener herramientas jurídicas para ello.

Por tal razón, el Congreso exhortó a los diez ayuntamiento de la entidad inhibir y solucionar la problemática de los asentamientos irregulares en sus respectivos municipios, que afectan a miles de familias en toda nuestra entidad.

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