Rindió Gabriel Verduzco Rodríguez su Primer Informe Anual en el Congreso del Estado

·Reconoce Gobierno del Estado que el crecimiento de la delincuencia es manifiesto

La población colimense vive día a día situaciones de barbarie a la que  no debemos no podemos acostumbrarnos, como lamentablemente parece que  viene siendo para las nuevas generaciones de colimenses, expresó la  Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, Presidenta de la Comisión de  Justicia, Gobernación y Poderes del Congreso del Estado.

En su mensaje durante la sesión solemne realizada este jueves en el  recinto legislativo, en la que se presentó el primer informe anual de  labores de Gabriel Verduzco Rodríguez al frente de la Fiscalía General  del Estado, la legisladora morenista, agregó que se debe reconocer que  en los últimos años, y particularmente desde que inició el actual
gobierno estatal no se ha visto reflejada ninguna mejoría en cuanto a la  seguridad y bienestar de nuestras comunidades; por el contrario, la situación ha empeorado”.

Añadió que éste es un problema que se viene palpando lastimosamente  desde gobiernos pasados (estatales y nacionales), producto de políticas  públicas erróneas e insensibles con las que dieron la espalda a las  nuevas generaciones, a su educación y a sus oportunidades de trabajo y  desarrollo.

Livier Rodríguez consideró que como consecuencia esto nos tiene inmersos  en una situación que podríamos llamar precaria, de inminente riesgo para  todos los ciudadanos todos los días, ante la aparente ineficacia de  nuestras autoridades en materia de seguridad.

Por su parte, la Diputada Remedios Olivera Orozco, Presidenta de la  Comisión Permanente del Poder Legislativo, manifestó que la situación que vive nuestro estado en materia de inseguridad y persecución del delito es delicada. Se requiere una sinergia de acciones de las diversas instancias y niveles de gobierno cuya misión debe ser regresar la paz y la tranquilidad a los colimenses.

“Nuestros representados nos reclaman a diario acciones más contundentes para que los distintos órdenes de gobierno coordinen acciones y emprendan estrategias efectivas que brinden mayor seguridad a la ciudadanía y se reduzca la comisión de delitos”.

Dijo que otros factores de preocupación son los feminicidios y la desaparición forzada de personas, entre los que destaca el número de mujeres y niños no localizados y que en nuestro estado se ha incrementado notoriamente. “Es innegable que existe una seria
descomposición de la sociedad, pero esto no es pretexto para revertir sus efectos y garantizar a los colimenses la seguridad de sus personas y sus bienes”.

Queremos que quede atrás la impunidad, que ni dinero ni influyentismo sean factores de cambio en la aplicación de la ley, ni en la impartición de la justicia. Que no se registren nunca más casos en los que, ante la comisión de delitos de violencia intrafamiliar, sean conmutadas las sanciones de prisión por pago de multas y asistencia a terapias
psicológicas, porque equivale a condenar a una familia entera a la tortura psicológica permanente y hasta a poner en riesgo la integridad física de las mujeres y sus hijos.

En representación del mandatario Ignacio Peralta Sánchez, el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González reconoció que la Fiscalía General del Estado como instancia de procuración de justicia debe ser el vínculo entre las leyes y la sociedad, “los poderes del Estado debemos asumir y reconocer que la tarea sustantiva debe ser eficientar el trabajo para lograr la paz, la tranquilidad social y el desarrollo”.

Aseveró que uno de los mayores retos a resolver es la inseguridad, y Colima no es una ínsula, sino que es parte de la República Mexicana, donde el crecimiento de la delincuencia es claro y manifiesto, y el año pasado fue el más alto en los índices delictivos.

“Debemos unir esfuerzos, pues no se puede concebir si no hay unidad de los tres poderes, pues a lo que nos enfrentamos no es un problema de dos años; desde hace muchísimos años viene incubándose la inseguridad y violencia, desapariciones de personas, homicidios, feminicidios y robos en general”.

Ochoa González dijo que “estamos conscientes que quisiéramos ver los niveles de seguridad que había hace 14 ó 15 años; queremos eficiencia con índices delictivos objetivos reales y no maquillados; recordó que Colima tiene el nivel más alto en transparencia de las cifras reportadas.

Al presentar su informe anual, el Fiscal General Gabriel Verduzco Rodríguez indicó que desde agosto de 2018 que se transitó de Procuraduría a Fiscalía, se han atendido temas prioritarios de la agenda y el esclarecimiento de delitos, con logros significativos en el combate a la delincuencia, con la captura de los presuntos responsables.

Destacó la creación de las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción, y en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, además de que están en proceso de creación de dos fiscalías más: Atención a la desaparición de personas y Antisecuestros. Reconoció que Colima es precursor del primer banco de datos de huellas de ADN con
material genético.

Informó que en este periodo se han registrado 16 secuestros, de los cuales se han resuelto catorce con la detención de los presuntos responsables; pidió a las diputadas y diputados su apoyo para autorizar el presupuesto para el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado.

Verduzco Rodríguez informó que en el periodo del 5 de septiembre de 2018 al 31 de agosto del año en curso se tienen más de 33 mil 400 expediente y se han resuelto homicidios, feminicidios, secuestros y robos; se lograron 1082 acuerdos reparatorios y recursos por 9 millones 214 mil 836 pesos en reparación de daños a víctimas.

En detenciones por diversos ilícitos, reportó 872 imputados por diversos delitos, 565 órdenes de aprehensión y reaprehensión, 283 órdenes de cateo, 174 inmuebles asegurados, 143 vehículos recuperados que estuvieron involucrados en actos delictivos, así como 153 detenciones relevantes por delitos de alto impacto.

Tras la lectura de su primer informe anual de actividades, el Fiscal General del Estado entregó el documento a los representantes de los poderes en la entidad.

 

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