*La ley actual se expidió en 1992, su última reforma fue en 2019 y en ella no se reconocía la autonomía de la Comisión en la materia.

Con la finalidad de armonizar a la legislación federal vigente, así como para dar más soporte a sus actividades y atribuciones, la LIX Legislatura expidió la nueva Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

Es mencionar, que la de inicio se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 30 de mayo de 1992, siendo Carlos de la Madrid Virgen el gobernador en turno, y la última reforma a tal ordenamiento se hizo el 01 de junio de 2019, y en dicha Ley no se encuentra reconocida la autonomía de la Comisión.

Esta nueva Ley Orgánica, atiende dos iniciativas que fueron estudiadas por las Comisiones Legislativas correspondientes; una que proponía reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones, presentada por la diputada Ma. Remedios Olivera Orozco y la propuesta de Roberto Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos, de expedir un nuevo ordenamiento para el funcionamiento general de tal organismo.

De acuerdo con las consideraciones, la Rosalva Farías Larios, señaló que la actual ley, tiene disposiciones desfasadas a la norma jurídica vigente y que una muestra de ello lo establecido por el artículo 3, que establece que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima es el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, de control constitucional, autónomo y con participación de la sociedad civil, a través de su consejo, que tiene como objeto la observancia, promoción, protección, estudio y divulgación de los derechos humanos.

Añadió que el término se encuentra obsoleto, puesto que, de acuerdo con la Constitución Federal y la Constitución Local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo constitucionalmente autónomo, “contrario a lo que establece la propia Ley Orgánica”.

Dentro de las innovaciones previstas, se reconoce la autonomía de la Comisión de Derechos del estado de Colima y se establece el procedimiento a seguir en los recursos interpuestos ante la comisión, así como establecer las pruebas admisibles.

La legisladora dijo que se crea el Órgano Interno De Control y las facultades y atribuciones de este, “también se actualiza las funciones y atribuciones de los puestos que requiere la Comisión”.

Agregó que una de las innovaciones más importantes es la creación de la Visitaduría Especializada, la cual conocerá sobre quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, principalmente de personas y/o grupos vulnerables, como son mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, pueblos originarios y personas adultas mayores, así como la atención a las víctimas de los delitos y personas presuntas desaparecidas, a fin de proporcionar la defensa necesaria, garantizando la protección y el respeto a los derechos humanos.

Indicó que se actualizará el listado de las personas que se considerarán servidores públicos, reconociendo como servidores públicos a los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo, o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo, en la Administración Pública del Estado o los municipios, así como los servidores públicos de los órganos autónomos, de conformidad con el artículo 119 de la Constitución Local; también las personas que ejerzan actos de autoridad o recursos públicos.

Farías Larios, dijo que uno de los grandes objetivos de la propuesta de Ley, es dotar de competencia a la Comisión para que pueda acudir a cualquier espacio donde se ostenten presuntos actos de violaciones a los derechos humanos y tener acceso a las instalaciones hasta garantizar la seguridad de la persona o que se actualizaba violación alguna.

La legisladora consideró necesario expedir una nueva Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, para que observe las necesidades actuales de la sociedad, debido a que la ley actual se encuentra desfasada para el cumplimiento de las funciones de la Comisión, lo cual repercute en la sociedad, “pues se obstaculiza la protección de los derechos humanos”.

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