Rogelio Guedea

PARACAÍDAS por Rogelio Guedea

 

La intención del gobierno del Estado de pedir un nuevo crédito de largo plazo por más de 700 millones de pesos no sólo ha desvelado el enconamiento existente entre el partido en el poder estatal (el PRI) y el partido mayoritario en el poder legislativo (Morena), sino, lo que es aún peor, la falta de credibilidad que le tiene la sociedad en general a la clase gobernante, de una u otra filiación partidista, pues tan han sido cuestionados los diputados morenistas de la legislatura actual de falta de transparencia e incluso de opacidad en el manejo de los recursos (piden a otros austeridad siendo ellos mismos dispendiosos) como lo ha sido el gobernador del Estado, quien desde el inicio de su gestión no ha podido repuntar en la aceptación ciudadana y sigue ocupando los últimos lugares. El encontronazo entre los legisladores de Morena y del PRI estado (representado por el gobernador Nacho Peralta) por el asunto del crédito millonario se ha convertido más en un desaguisado político para medir fuerzas (con afanes igualmente revanchistas) que una oportunidad para realmente poner en práctica el criterio a fin de analizar un asunto vital para la ciudadanía colimense, como lo es su seguridad y su salud, ámbitos altamente deteriorados en nuestra entidad. Pero entre que el gobernador expone y sustenta los motivos para la petición de este nuevo crédito y el grupo de legisladores morenistas se lo rebate con nuevas formulaciones y contrasustentos, la ciudadanía cada vez está más confusa del fondo del asunto, y toma partido hacia uno y otro lado, en ocasiones de forma furiosa, sin tener elementos de peso para formarse un juicio lo más cercano a la realidad. La muestra de esta confusión la dio, por ejemplo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Colima, cuyo presidente, por no tener la suficiente información para emitir un juicio, se reservó el derecho de emitir cualquier opinión, en favor o en contra, con respecto al crédito. Si un organismo como una Cámara se declara incompetente de opinar en un asunto tan trascendente como éste, ¿qué le queda al ciudadano de pie? Arrastrado por el tsunami de información confusa, el ciudadano de a pie apenas balbuceará sin saber a ciencia cierta si ponerse en favor de pedir el crédito u oponerse al mismo será benéfico o perjudicial para él, pero que en cualquiera de los casos (esto debe saberlo) él será el único afectado o el último beneficiado de la resolución a la que se llegue. Porque, hay que decirlo, como sociedad hemos quedado mucho a deber, y más lo hemos demostrado durante esta pandemia, en la que vemos a grandes afluentes poblacionales exigiendo responsabilidad de sus gobernantes pero al mismo tiempo siendo irresponsables al no ponerse un cubrebocas cuando salen a la calle o caminan por la plaza pública. Al final del día, si bien ya habrá tiempo de hacer pagar a todos aquellos que resulten responsables de saquear el erario público (con peticiones de crédito o sin ellas), por ahora estamos frente a una emergencia sanitaria y si no le damos viabilidad económica a las acciones que se deben emprender para paliarla será la sociedad, y sobre todo los sectores más vulnerables (los que no tienen para ir a atenderse al hospital Puerta de Hierro), los que pagarán las consecuencias. Dada la situación que se vive, ¿por qué no se hace una exposición y debate abierto en el Congreso del Estado en donde el gobernador ofrezca detalles de todo lo que envuelve la petición del nuevo crédito y en el que, por su parte, los legisladores hagan lo propio para rebatirlo o aceptarlo? De esta manera dejamos de utilizar los medios de comunicación y las redes sociales como tribunales en donde el gran juez es una ciudadanía más llena de confusiones que de certezas. ¿Es eso mucho pedir?

Rogelio Guedea

Poeta y académico

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