Héctor Gutiérrez Magaña

Las fuerzas dominantes en el congreso liberaron el descuento en transporte público para estudiantes del monopolio de la FEC. El gobernador observó la ley días después, alegando incertidumbre sobre cómo esto afectaría las finanzas estatales. Se supone que lo que dejen de cobrar los camiones lo pagará el Estado ¿De cuánto son las ganancias de un transportista y qué tanto pierden con el descuento universal?

Por lo que sé, ser dueño de una concesión de un taxi no es un negocio tan jugoso, aunque muchos quisieran tener un ingreso de 6 mil u 8 mil pesos administrando un auto. Estas ganancias se deben, en parte a una baja inversión en las unidades, además de los salarios bajos de los choferes, que se entiende dobleteen viajes cada vez que pueden. No se si la situación en los camiones de pasajeros sea similar.

Yo utilicé camiones casi toda la secundaria, la prepa y una parte de mi carrera profesional. De forma menos regular los he utilizado mucho después y hay algo que me llama la atención porque parece un ciclo: cada cierto tiempo los transportistas alegan pérdidas, piden un aumento de tarifa, la gente se molesta, y finalmente el costo sube con la promesa de mejorar las unidades. Pero el servicio parece el mismo que en año 2000.

Hace dos años solicité información a la secretaría de transporte sobre las características de las unidades que circulan en el estado. En la lista que me mandaron hay 679 camiones de pasajeros, la mitad de ellos son modelos anteriores al 2004, incluyendo unidades de los años setenta y ochenta. No son más de 130 con modelo mayor al 2010. A pesar de las promesas y los aumentos de tarifa, efectivamente parece que poco ha cambiado.

¿Las ganancias de administrar rutas urbanas son tan pírricas que no dan para cambiar las unidades? ¿Cuánto ha invertido el estado para mejorar las condiciones de negocio de los concesionarios? ¿Por qué pasan los años y los usuarios siguen pagando aumentos a un servicio que parece encapsulado en el tiempo?

Los impulsores de la universalización del descuento a estudiantes emprendieron una embestida contra un absurdo monopolio privado (la FEC) sobre una prerrogativa pública (el descuento), y en esa lucha van incluidos un grupo de viejos lobos de mar que viven de las políticas del Estado, entre ellos algunos transportistas. Frente al pésimo servicio de los camiones, tengo la impresión de que son casi un enemigo público, contra el que no sería muy difícil poner una importante franja de la opinión pública.

La FEC hizo una manifestación tan carente de legitimidad y con argumentos tan absurdos, que el criterio que se impuso en la observación que el gobernador hizo de la ley, fue meramente económico. ¿Cuánto gana un transportista? ¿Cuál sería el costo de otorgar descuento a todos los estudiantes y no solo a aquellos afiliados a la FEC? Dudo que estas preguntas sean incontestables, y de hecho creo que la diferencia entre mantener el descuento con la credencial de la FEC y hacerlo universal, no sería muy grande. Quien hasta el momento necesita el descuento, tramita la credencial.

Son preguntas básicas, tanto, que sorprende que quienes decidieron romper un sensible hilo del corporativismo colimense no se las hayan planteado, o no las hayan explotado. Parece que los impulsores de la reforma a la Ley de Movilidad se metieron en la batalla del cabildeo y la construcción de mayorías entre las élites con poder de decisión. Sin dudar de las habilidades de los nuevos actores políticos, creo que siempre hay que ponderar las inercias y las estructuras que enfrentan. A diferencia del PRI, los inquietos diputados de morena tienen una débil estructura de movilización, y es justo en cruzadas como esta donde podrían comenzar a construirla.

La labor pedagógica de quienes hacen política en las grandes arenas institucionales va mas allá de quitarnos la venda de los ojos sobre la opresión y las injusticias con las que vivimos. Sus propuestas pueden ser deseables para muchos, pero tienen que volverse razonables para que puedan soportarse públicamente. Los berrinches de la FEC y Moreno Peña son coletazos de animal moribundo, pero sus intereses encontraron refugio en el más simple ejercicio de justificación de una política pública: explicar por qué es viable.

 

 

Héctor Gutiérrez Magaña

Analista político

Licenciado en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad de Colima. Estudios en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Tucumán, y actualmente estudiante de posgrado de FLACSO Ecuador.

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