ESTACIÓN SUFRAGIO por Adalberto Carvajal.

Para los habitantes de la zona metropolitana de Colima, Cuyutlán es el último balneario al que podemos ir sin pagar caseta. Aunque implica un retraso de no más de veinte minutos, la opción de la carretera libre hasta Manzanillo no es fácil de tomar para un conductor que no entiende por qué puede recorrer tres cuartas partes de la autopista sin peaje ni por qué es tan alto el precio de la caseta en relación al número de kilómetros recorridos, pues cuesta la mitad del trayecto entre la capital y Guadalajara.

Para los manzanillenses, Cuyutlán es la frontera de ese universo particular en el que los encierra el pago del importe. Es su propia versión del muro de Berlín. Otra vez, la vía libre no es una opción atractiva por el número de curvas, los demasiados topes y los riesgos de circular por una carretera de dos carriles por donde transitan gran cantidad de vehículos de carga (que se supone que deben ir por la autopista) con la complacencia de la Policía Federal de Caminos o, por qué no, como ejercicio del derecho al libre tránsito.

El mismo derecho reclamado por los manifestantes que varias veces se han apostado en la caseta de Cuyutlán, como lo hicieron la semana pasada cuando se dio la escandalosa agresión al equipo reporteril de TV Azteca Colima, generando una noticia que distrajo la atención del público del verdadero asunto: la liberación simbólica de la autopista de cuota.

Y como lo harán mañana domingo, cuando la fuerza de sus reclamos será desoída por varios reporteros del estado, quienes decidieron en solidaridad con sus compañeros boicotear informativamente la toma de la caseta. Esto para regocijo de la empresa concesionaria que ha recurrido a estrategias políticas, publicitarias y de fuerza combinadas en defensa de sus intereses.

…NOS GOLPEAN A TODOS:
Estrategia política, presionando al gobierno federal y en consecuencia al gobierno del estado para que confirmen la legalidad de una concesión que fue ampliada al doble del plazo original, sin que sean evidentes las obras de mejoramiento que se amparan en ese convenio.

En otras palabras, el Estado de derecho nos está obligando a los usuarios a pagar por una carretera que es la misma cuya inversión se iba recuperar en el plazo original de la concesión. ¿Si ya se pagó por qué siguen cobrando?

Estrategia publicitaria, contratando con empresas de difusión nacional, como TV Azteca, paquetes de imagen y tratamiento informativo destinados a legitimar la concesión, normalizar el cobro y desvirtuar las motivaciones de los grupos cívicos que se han organizado para echar abajo la concesión.

Esta estrategia publicitaria podría incluir, según una teoría conspirativa muy extendida en los mentideros de la política local, un plan de acción comunicacional para fabricar una agresión a los reporteros de Azteca y suscitar el boicot informativo en solidaridad con la corresponsal y el camarógrafo vejados por (supuestos) manifestantes.

En descargo de la concesionaria, cabe decir que algunos de los agresores han sido identificados como activistas porteños. Y también que, como dice un analista cuya opinión valoro, sugerir a los reporteros que cubrieran la manifestación sin logotipos de su prensa y solo una credencial genérica de Prensa, a fin de no ser hostigados por la línea editorial de sus medios, revela que se trata de “gente bien entrenada en movimientos y en pandillas urbanas”.

Quienes encabezan la toma de la caseta, insiste el analista que cito, “traen una línea del movimiento de masas y con toda seguridad el objetivo de su agrupación va mucho más allá de liberar la caseta”.
Sin embargo, que en Cuyutlán probablemente se quiera asestar un golpe a los intereses de ese concesionario en particular o, incluso, que se esté buscando comprometer el modelo de asociación público-privado que ha permitido negocios tan jugosos como el de las autopistas de cuota o el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, no borra el agravio que los colimenses sentimos con la caseta.

UNA MINA DE ORO:
La estrategia de fuerza la vimos desplegarse en los enfrentamientos previos entre los manifestantes y golpeadores al servicio de la concesionaria, quienes amenazaron e incluso dañaron los vehículos de los conductores que ingenuamente pretendieron hacer lo que se ha vuelto común en las casetas administradas por Caminos y Puentes Federales: ejercer el derecho al libre tránsito.

Estas acciones hostiles se dieron con la indiferencia de las policías federal y estatal, y únicamente se frenaron por la cobertura que la prensa empezó a hacer de las protestas.

Tampoco la explicación legal que se dio para justificar la ampliación del plazo de la concesión elimina las suspicacias que genera una caseta que seguirá cobrando, otros 30 años, por algo que ya se pagó sobradamente. El peaje ya no busca recuperar una inversión ni ampara legítimas utilidades. Es una mina de oro y el concesionario está peleando por conservarla.

El aforo vehicular, especialmente si lo medimos en número de ejes y no de unidades que pasan por la garita, debe ser uno de los más altos del país. Cuyutlán es un negocio magnífico para el concesionario: no ha tenido que hacer ninguna reinversión (por ejemplo, el puente de Tepalcates, que era lo que inicialmente se cobraba, sigue siendo de dos carriles, mientras que el tramo carretero se mantiene en cuatro, cuando tendría que haber sido ampliado a seis carriles) y tiene una tarifa desmedida por si fuera poco.

QUE LA LIBRE SEA DE CUATRO:
Este es un momento especialmente peligrosos para los intereses del concesionario, porque la competencia electoral alienta a los candidatos a hacer audaces promesas de campaña: como eliminar la caseta.

Que ese compromiso lo adquieran los aspirantes a la alcaldía de Manzanillo, la diputación federal por el segundo distrito o la gubernatura que son postulados por partidos de oposición, no es tan peligroso como cuando lo asumen los abanderados del oficialismo.

Carlos Cruz Mendoza, Pico Zepeda y antiguos opositores que ahora están con el régimen, como Nabor Ochoa, todos han hecho la promesa de quitar la caseta.
Gracias a esos compromisos se lograron victorias parciales como liberar el cobro del libramiento de Manzanillo (¿qué otra cosa podían hacer, además, si el crecimiento de la mancha urbana demandaba la apertura de un periférico y ya estaba el de cuota?) o ese programa de descuento para los habitantes de la región mediante la adquisición de una tarjeta de prepago, que no sé si funcionó finalmente.
Como gobernadores, Silverio Cavazos y Mario Anguiano ofrecieron negociar el retiro de la caseta. Pero Anguiano Moreno terminó facilitándoles la extensión del negocio a los concesionarios.

Y el actual mandatario, Ignacio Peralta, hizo en campaña una promesa de la que hoy su secretario de Desarrollo Urbano no se quiere acordar: ampliar a cuatro carriles la carretera libera Armería-Manzanillo, para que los colimenses no tengamos que pagar la caseta.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio www.carvajalberber.com y en sus redes sociales.

Adalberto Carvajal Berber

Analista Político

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