Al ser llamado al legislativo como parte de la glosa del VI informe de gobierno de Ignacio Peralta, Jesús Alejandro Silva López, Contralor General del Estado expresó que de octubre de 2020 a septiembre de 2021 se llevaron a cabo 122 revisiones a las dependencias centralizadas, fideicomisos y órganos descentralizados de la administración pública estatal, a la fecha de la comparecencia, se tienen 151 revisiones concluidas.

El contralor expresó que ninguna auditoría realizada por ellos contempla la revisión de la cuenta pública del ejecutivo, pues esta es facultad del Legislativo. Se llevaron a cabo 120 procesos de adjudicación de diferentes dependencias, ayuntamientos y órganos operadores, se revisaron 120 estimaciones de obras públicas por un monto de 400 millones de pesos, se participó en 29 actos de entrega recepción de apoyo al campo por un monto de 23.9 millones de pesos.

Se ofertaron 59 asesorías en materia de control interno, administración de riesgo y archivo, capacitando a 220 servidores públicos. Se llevaron  a cabo 197 actos de entrega recepción con corte al 19 de octubre, 173 sesiones de trabajo con la comisión de entrega recepción y personas autorizadas con las diferentes dependencias. Además de que el Comité de entrega recepción ha sesionado en dos ocasiones.

Expresó que en el periodo a informar se establecieron 239 procesos de investigaciones, 37 de ellos derivan de denuncias ciudadanas, 47 de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, 59 de auditorías en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, 80 de observaciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, 16 de la misma contraloría y que de estas se han resuelto 112,  de 17 se han remitido informes por presuntas responsabilidades, 13 se han remitido a otras dependencias por ser incompetente la contraloría, 82 se archivaron y concluyeron por improcedentes.

A la fecha de la comparecencia, expresó, se han incrementado a 313 las investigaciones, esto derivado de los nuevos ingresos. De los 17 procesos por presuntas responsabilidades, ahondó, 12 concluyeron: 10 de forma absolutoria y dos con resolución sancionadora de inhabilitación por 6 meses y amonestación privada.

De estos mismos, se remitieron dos de estos expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa por ser faltas graves. Afirmó que se han hecho 35 denuncias de hecho ante la Fiscalía General de la República y 4 a la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción.

En el proceso de revisión del ejercicio fiscal 2020 dijo, se han aperturado 24 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación y a la fecha del informe de gobierno, 21 se encontraban en proceso y 3 se habían concluido sin observaciones. Actualmente hay 12 en proceso, 11 cerradas y una sin desarrollarse los trabajos de revisión. A la fecha de la comparecencia, dijo, se tienen 104 claves de acción generadas por la Auditoría Superior de la Federación, las cuales fueron atendidas por los entes ejecutores y se está a la espera de que la ASF emita su dictamen.

En colaboración con la Secretaría de la Función Pública, informó, se aperturaron 3 auditorías conjuntas, además se lograron descargar 321 observaciones que databan de 2008 a 2017, por un importe superior a los 1,341 millones de pesos, quedando pendientes los años 2018 y 2019 por un importe de 65.2 millones de pesos, de los cuales 49.8 le corresponden al poder ejecutivo con 21 observaciones y el resto son de municipios y organismos operadores de agua.

La diputada del Partido Encuentro Solidario, preguntó, ¿Qué acciones legales en el ámbito de su competencia se están llevando a cabo por el impago a trabajadores de la burocracia? De las denuncias hechas por la dependencia, ¿Cuántas se han resuelto?, ¿Cuántas han logrado sentencia condenatoria firme?, así como respecto a las 48 observaciones hechas por la Secretaría de la Función Pública, cuestionando los motivos de las mismas.

El diputado panista, Crispín Guerra, preguntó ¿Por qué tantas observaciones a la administración local?, y sobre la entrega recepción de la misma, ¿Cuántas denuncias ha recibido por parte de los representantes de la administración entrante y en qué áreas? Ante las declaraciones de la gobernadora electa, Indira Vizcaíno, de que se está sustrayendo de forma ilegal equipamiento en la planta de tratamiento de residuos sólidos de Tecomán y llevándolos con un privado, preguntó, ¿Qué investigaciones se han hecho al respecto?

El diputado priista, Héctor Magaña, pidió información sobre los más de cinco mil millones de pesos que la gobernadora electa, Indira Vizcaíno, denuncio se tenían observados como daño al erario público federal, ¿Cuál es el monto preciso, su status y las acciones que se realizan al respecto?, así como si este recurso debe o no, reintegrarse.

El diputado de Morena, Alfredo Álvarez cuestionó, ¿A qué se debe la opacidad en el proceso de entrega-recepción que denunció la gobernadora electa Indira Vizcaíno? ¿No detecto la Contraloría General el desvío de recursos de la nómina de los trabajadores? ¿Cuántas observaciones a los fondos federales se encuentra pendientes por resolver, y cuáles son motivos principales por lo que no se han dado solución?

En su respuesta el contralor dijo que de 2017 hacia atrás no hay ninguna clave de acción pendiente con la Secretaría de la Función Pública, además de comentar que a su llegada realizó 16 arqueos a las cajas receptoras de ingreso, pues es ahí donde es posible sacar dinero sin que sea rastreado, lo cual, dijo, fue detectado, pues se dio cuenta de una persona que sacaba dinero, reportaba menos ingreso y esto afecta al mismo, por lo que esta persona fue denunciada y despedida, además de que regresó el dinero.

Sobre las observaciones, aclaró que los entes auditores, contemplan dos rubros las claves de acción y los pliegos de observación, este último se hace cuando la auditoría determina daño a la cuenta pública federal, por lo que ahondó en que se tienen 3 mil 914 millones de pesos en solicitud de aclaración y 1,104 millones de pesos en pliego de observaciones por parte de la  Auditoría Superior de la Federación, pero no todos corresponden al ejecutivo.

Sobre la misma Auditoría Superior de la Federación, aclaró que solo quedan un par de claves de acción por atender pero espera que antes de terminar la gestión actual esto culmine. Respecto al traslado de equipo de la planta de tratamiento de Tecomán a un particular, expresó que el traslado fue autorizado desde 2019 y se encuentra en el relleno sanitario de este municipio, solo falta confrontar que todo se encuentre ahí y si no es así, denunciarlo.

En su última intervención, el contralor dijo que esta dependencia no tiene la facultad de  auditar ejercicios fiscales que no han finalizado, pues debe esperar a que las cuentas públicas lleguen a legislativo para poder revisarlas. También hizo un llamado a los cinco mil trabajadores de la administración local que no han presentado su declaración patrimonial, pues de no hacerlo, su nombramiento quedará sin efecto, por lo que les invitó a hacerlo de forma extemporánea en el portal Declaranet.

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