Jesús CP

No estoy en contra de la participación ciudadana, al contrario, creo que mientras más se promueva ésta, mejor vigilados tendremos a quienes administran nuestros recursos, sin embargo, sí estoy en contra de que, bajo el pretexto de la participación social, individuos y asociaciones busquen obtener recursos públicos o evitar el pago de impuestos para llevar a cabo sus funciones.

Guillermo Brun, socio de Bodesa (La Marina, El Bodegón, etc.) busca junto con su camarilla de la COPARMEX, CANACO, CANACINTRA y todo el grupo empresarial colimense, evitar el pago del Impuesto Sobre Nómina a cambio de otorgarle recursos a su propia asociación “¿Cómo Vamos? Colima”. Resalto que, aunque no creo en los resultados de dicha asociación empresarial, no me opongo a la existencia de la misma, de hecho, cada individuo tiene libertad y derecho de calificar a sus gobernantes, pero sí me opongo a que busquen evitar el pago de impuestos para adjudicárselos a una asociación que está conformada por los empresarios más prosperos del estado, económicamente hablando. Y aquí pregunto, si tanto les interesa Colima, ¿por qué no siguen funcionando con sus recursos? (que sí los tienen).

Quieren Guillermo Brun y sus secuaces, presionar a los diputados para que aprueben una ley que les permita salirse con la suya, y para esto, ya están convocando a la ciudadanía a ejercer presión afuera del recinto legislativo. Sería una vergüenza que los diputados panistas aprobaran dicha ley, siendo que “¿Cómo vamos? Colima” está fundado por alguien a quien el actual gobernador le ofreció la gubernatura interina, y siendo que la misma asociación, se negó a ser testigo de honor en la entrega recepción del ayuntamiento de Villa de Álvarez, actualmente panista.

Ya lo he dicho antes: para saber cómo va Colima, y en general, todas las administraciones federales, estatales y municipales, se crearon los informes de gobierno anuales. Para vigilar a los gobiernos, nos guste o no, se crearon los congresos. En el caso de Colima, además, el congreso cuenta con un órgano de auditoría y fiscalización popularmente conocido como OSAFIG. No solo eso, además, se cuenta con el Consejo de Participación Social, el cual, lleva funciones parecidas a lo que pretende “¿Cómo vamos? Colima”. Si ya contamos con instituciones públicas que tienen no sólo presupuesto, sino un respaldo legal, ¿por qué empecinarse en querer duplicar una función a costa de recursos públicos? O a caso, sólo porque algunos empresarios no están de acuerdo con el congreso o el OSAFIG, ¿vamos a aplicar la de “Al diablo las instituciones”?

Jesús CP.

"Hombre de costumbres."

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