Rogelio Guedea

Paracaídas por Rogelio Guedea

Una enorme polémica se ha desatado de unas semanas a estos días sobre la intención del gobierno del Estado de pedir un crédito por más de 700 millones de pesos para destinarlo, entre otras cosas, a dos temas prioritarios para nuestra entidad: la seguridad (especialmente para saldar adeudos relacionados con el C5, cuyas instalaciones se encuentran en construcción) y la salud (especialmente con el tema relacionado con la emergencia sanitaria producida por el coronavirus). Nadie podría negar que estos temas son de urgencia y, por tanto, que se tiene que actuar en consecuencia para evitar su agravamiento, pues tan riesgoso es que siga creciendo el número de contagios por Covid-19 en la población (y eventualmente también creciendo el número de muertos) como que siga incrementándose la espiral de violencia. He tenido la oportunidad de revisar los razonamientos que le ofreció el gobernador Nacho Peralta a los legisladores, quienes se niegan a aprobar este crédito de largo plazo, y he encontrado varios ámbitos sobre los cuales tendría que reflexionarse sin maniqueísmo. Según la exposición de motivos del gobernador Nacho Peralta, una parte de ese crédito se destinará a terminar de pagar el C5, lo cual ayudaría mucho a mejorar el tema de la seguridad en nuestra entidad. Es entendible la reticencia de los legisladores sobre este tema particular, y también de la propia ciudadanía, en especial porque en Colima se ha invertido mucho en seguridad (desde otras administraciones incluso) sin necesariamente haber visto resultados positivos palpables, y además se tiene la idea de que el recurso se ha destinado a otros ámbitos del que hacer público, cuando no que ha ido a parar a las arcas personales de algunos servidores públicos. Esta percepción tiene un peso tal que genera desconfianza y que obviamente empuja a no ceder en la petición ni de este ni de ningún otro crédito, porque al final del día es dinero que pagará el pueblo como es el pueblo el que paga las consecuencias de toda la corrupción que de esto deriva. Pero si realmente es legítimo lo que expone el gobernador Nacho Peralta, pues no costaría mucho establecer un procedimiento de fiscalización (por parte de los propios legisladores incluso,
además del que realizan los órganos establecidos de fiscalización) para confirmar que ese recurso va a ese lugar que se ha indicado. El mismo criterio se debería usar para el caso de la inversión que se requiere para la emergencia sanitaria. No pueden los legisladores detenerla porque como van las cosas se va a requerir de manera urgente. Ya los propios legisladores tuvieron un caos de Covid, en el diputado Memo Toscano, que fue manejado de muy mala manera por varias razones: primero porque el diputado fue a atenderse a Puerta de Hierro (y no como el ciudadano de a pie que tendrá que sufrir los estragos del paupérrimo sector salud que tenemos) y en segundo lugar porque el diputado Memo Toscano no siguió en sentido estricto las recomendaciones médicas y siguió poniendo en riesgo a toda la gente con la que se relacionaba. Por ahí salió una foto en donde se le ve al diputado sin ningún tipo de protección caminando por un andador público. Así, pues, si los legisladores crean un mecanismo de fiscalización propia para cerciorarse de que ese recurso que se está pidiendo a través de ese crédito va a parar al fin para el cual se pidió y así evitar que por prejuicios, desconfianza, falta de credibilidad o simple berrinche político se deje a la deriva a la población colimense, entonces estarán haciendo algo sensato. Pero si, por el contrario, hay cualquier indicio de que el recurso no está siendo destinado al objetivo acordado, bastaría con retirarlo o en todo caso obligar a que se cumpla con su cometido original. Nadie vería mayor problema en esto. Si más allá de las confrontaciones partidistas buscamos el bien común, esto es el beneficio de la sociedad, no veo por qué este crédito pueda ser un obstáculo para su propio beneficio, pues al final será ella (la población) la que terminará por pagar no sólo este crédito sino todos los que se han pedido en su nombre desde hace más de dos décadas, que no son pocos, pues ahora nuestra deuda ascienden casi a los tres mil millones de pesos. La violencia seguirá aumentando en virtud de la crisis económica que se avecina y la pandemia seguirá creciendo en virtud de que tanto población como gobierno terminaron por rendirse a ella, así que la inyección responsable de recursos en ambos rubros no admite demora, como no la admite tampoco la atención médica a un paciente que acaba de sufrir un infarto, pues retardar su atención médica, lo sabemos, puede costarle la vida.

Rogelio Guedea

Poeta y académico

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