Diurnarius Miguel Ángel Sánchez Romero.

Resulta una aberración que el diputado Vladimir Parra Barragán pretenda erigirse como paladín de la democracia y la justicia social, utilizando a la Universidad de Colima como bandera política, cuando no ha podido o no ha querido hacer lo propio en el Congreso del Estado a pesar de tener todo para llevarlo a cabo, incluso resulta increíble que a más de un año de haber asumido el cargo no haya podido entregar los resultados de la supuesta auditoria que se iba a realizar a la anterior legislatura; pero que podemos esperar de alguien al que sus propios compañeros de legislatura y bancada lo han acusado de estar involucrado en actos de corrupción, comprar de votos, violencia política de género, de mantener en opacidad los manejos financieros del Congreso del Estado y de ser manipulado por la delegada federal, Indira Vizcaíno Silva quién  además ha dejado ver su intromisión en los asuntos del poder legislativo del estado.

Si bien es cierto, que existe la necesidad de Reformar la Ley Orgánica de la Universidad de Colima para terminar con los vicios, privilegios y excesos que se han cometido al amparar de esta Ley anquilosada; pero también es cierto, que no se puede forma irresponsable o por una capricho u ocurrencia como lo pretende hacer el diputado Vladimir atendiendo más a un revanchismo personal que a la búsqueda de un beneficio general, debido a que la iniciativa presentada por el legislador en la que se propone reformar 24 Artículos, Derogar 5 y Adicionan 21 Artículos carece de argumentos sólidos y del consenso social;  además de que no se trata de remendar o ponerle parches a la Ley,  sino de sentar las bases no solo para garantizar la gratuidad de la educación superior, sino para que personas como el diputado Vladimir no abandonen sus estudios y puedan terminar la Universidad.

Sin embargo, resulta incongruente y moralmente incorrecto las “buenas intenciones” que tiene el diputado Vladimir y su pandilla por reformar la Ley Orgánica de la Universidad de Colima para terminar con la corrupción, la opacidad, el despilfarro y los malos manejos de la institución educativa, lo cual sería plausible, sí la Ley Orgánica del Congreso del Estado fuera un ejemplo de honestidad y trasparencia pero no lo es, en términos generales podría decirse que tiene tantas deficiencias como la de la propia Universidad, al grado que ni las percepciones y prerrogativas de los legisladores son claros, o la opacidad en el manejo de los recursos que hace la Comisión de Gobierno Interno que son un misterio, incluso ni las declaraciones patrimoniales que tienen publicadas el portal de transparencia son reales, así que sí el Diputado Vladimir pretende reformar una Ley Orgánica, como buen juez debe dar el ejemplo y comenzar por la del Congreso y después buscar los consenso necesarios para reformar otras, sin necesidad de caer en autoritarismo actuando como los viejos priistas.

Pero quizá una de las aberraciones más grandes que puede haber en la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, es que sus dos supuestos impulsores tanto el Diputado Vladimir Parra, como la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio no cuentan con título universitario; de acuerdo a sus curriculum publicados el primero no concluyó la sus estudios en Filosofía y la segunda su formación es de asistente médica del IMSS, situación que evidencia que ambos desconocen en la práctica Ley que buscan reformar, pero sobre todo nos deja en claro que su supuesta preocupación por garantiza la gratuidad de la educación superior solo es la excusa para justificar el trasfondo político de una facción que busca empoderarse utilizando a la Universidad de Colima como trampolín político para acceder al poder de la misma.

Pero si a esto le agregamos la evidente intromisión de la Delegada Federal, Indira Vizcaíno Silva como promotora de la Reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, que coincidentemente se da en un momento en el que las denuncias en su contra por el caso Altozano avanzan con el riesgo de ser vinculada a proceso por el delito de peculado, daño al patrimonio del municipio de Cuauhtémoc y demás delitos que se podrían confabular; por lo que resulta sospechoso de que hayan presentado la iniciativa en este preciso momentos, en el que podrías ser utilizada como moneda de cambio para garantizar impunidad a Indira Vizcaíno con miras al 2021.

Esto no significa que no esté de acuerdo en que La Ley Orgánica de la Universidad de Colima sea reformada, sino aún más allá  estoy seguro de que la actual debe ser abrogada para dar paso a una nueva Ley, acorde a los  las necesidades y exigencias que la educación superior requiere y la población demanda, pero esto no será posible si no se hace de manera integral, consensada, escuchando a la sociedad y a los estudiantes, pero sobre todo anteponiendo el interés político, electoral y económico para dar paso a una educación de excelencia.

Pero quizá, lo más importante para que esto avances es que Vladimir y su gavilla pongan el ejemplo y como buen juez, primero impulse la Reforma a la Ley Orgánica de Congreso del Estado que tanta falta le hace, para terminar con los privilegios de los diputados y la corrupción que tratan de ocultar.

miguelinosan@yahoo.com.mx

Miguel Ángel Sánchez Romero

Analista Político

miguelinosan@yahoo.com.mx

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