TAREA POLÍTICA por José Luís Santana Ochoa.

 

Después de tanto brinco en suelo tan parejo, el Congreso del Estado que coordina el diputado Vladimir Parra Barragán metió reversa en el tema de la supresión del servicio médico privado para los miembros de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al modificar la Ley de Austeridad del Estado de Colima que lo prohibía tajantemente.

Imbuido del fervor de la “Cuarta Transformación”, el  presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la misma Legislatura, Vladimir Parra Barragán, juró que como diputados no se iban a autorizar servicio médico privado. Si ellos no ‘cuantimenos’ los profes, habría que colegir: “Nosotros vamos a veces hasta similares y lo pagamos nosotros, igual presidente, diputados federales, lo hicieron a nivel nacional, entonces debe ser parejo para todos. Nosotros no tenemos ningún seguro ni ISSSTE ni Seguro Social… cuando nos enfermamos, vamos con el ‘yerbero’ o a similares”, que son lo mismo pero más barato.

Hay que recordar que ante la amenaza legislativa en ciernes,  echado pa’ delante, el líder de los profes cuyo patrón es el Gobierno del Estado, Heriberto Valladares Ochoa,  invocó derechos de antigüedad al sentenciar que no van a permitir que esa prestación “que es una conquista laboral que tiene más 59 años se vaya a perder”, así sea con las deficiencias derivadas del incumplimiento sistemático del pago puntual a los prestadores privados de los servicios médicos que por tal motivo les son regateados, problema para paliar el cual el Secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, Kristian Meiners Tovar, ha anunciado la aplicación de 9 millones de pesos.

Para que médicos e instituciones de salud privadas ya no les hagan el feo a los representados por Valladares Ochoa, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado a cargo todavía de Carlos Noriega García debe entregarle puntual y religiosamente al Instituto de Pensiones las aportaciones correspondientes para que éste les pague sin más tardanzas ni dilaciones.

Cierto es que cuando en el año 2014 los servicios médicos eran administrados directamente por la dirigencia sindical, el gasto ascendió a 105 millones de pesos, cantidad que en 2018 bajó a 72 millones, ahorro debido a que se eliminaron ciertos abusos de su parte como pegarle con fe a la compra de medicamentos, contratación de servicios médicos y hospitalarios y favores a sus allegados. Si de esta última cantidad 12 millones los aportaron los maestros a través de sus cuotas y 60 millones de manera directa del Gobierno Estatal, según José Ignacio Peralta, ¿dónde ha estado ese dinero, quien lo ha desviado de su destino en detrimento de la economía de quienes prestan tan vital servicio y de la atención debida a los pacientes?

Por lo visto, la mala práctica de castigar a los contratistas de obra pública y proveedores de bienes y servicios del Gobierno hasta hacerlos sangrar impuesta por el titular de la SPF, Carlos Noriega García, también se extiende a los prestadores de servicios privados de salud.

EL ACABO

  • Para calentar el ánimo de su alicaída gallada, al Secretario de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Heriberto Valladares Ochoa, se le hizo fácil inculpar del fallecimiento de uno de sus agremiados a la suspensión por exceso de pago del servicio médico privado: “Al sentirse mal sus familiares lo llevaron a la clínica particular y ahí se les negó el servicio por no haber sido cubierto los adeudos que se tienen por parte del gobierno estatal y se perdieron minutos valiosos, pues a pesar de que se acudió al IMSS, fue demasiado tarde”.

  • Valladares Ochoa no tuvo que esperar mucho por la puntual y contundente respuesta del Director del Centro Médico de Colima, Enrique de Jesús Rivera: “El maestro Óscar Hernández si fue atendido en este lugar, fue el médico de guardia Joel Ceballos quien atendió al paciente, cuya familia le marcó al cardiólogo de cabecera de la familia y lo llevaron a otro hospital. Se lo llevó a otro lado, era su cardiólogo de confianza donde lo atendieron, pero al parecer se complicó y terminó yendo al Seguro Social donde falleció”. Más claro ni el agua de CIAPACOV.

 

José Luís Santana Ochoa

Analista político

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