Rogelio Guedea

PARACAÍDAS
Rogelio Guedea

El nombramiento del panista Enrique Michel como auditor especial de
obras del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
(Osafig) causó revuelo entre los priistas colimenses. Se le acusó,
principalmente, de ser un nombramiento ilegal (por no cumplir al
parecer Enrique Michel con uno de los requisitos de orden normativo
que exige este cargo, especialmente el de su formación profesional) y
de imparcialidad, por tratarse de una figura identificada con el
panismo local y no de un ciudadano sin filiación partidista. El tema
de la ilegalidad es irrebatible: si Enrique Michel no cumple con los
requisitos de ley, ese cargo debe entonces revocarse y otorgarse a
quien sí cumpla con esos requisitos. Eso no debería someterse a
discusión, a pesar de que en nuestro país los priistas han cometidos
miles de ilegalidades y nunca se han asombrado de ellas. Hoy, por
intereses políticos, han puesto el grito en el cielo. Esperemos que,
al menos en Colima, no vuelvan ni ellos ni nadie a cometerlas. El tema
de la imparcialidad, sin embargo, entra dentro de un marco puramente
moral, una presunción de culpabilidad que advierte (maliciosamente) de
una acción que todavía no se consuma con el objetivo de dañar la
imagen de, en este caso, quien ha asumido el cargo. Los gobiernos
estatales priistas nunca han reparado en nombramientos que también han
significado una presunción de imparcialidad, como en el caso –por
decir uno de los más emblemáticos- del mismo proceso interno del PRI
para la elección pasada a gobernador, que fue a todas luces no sólo
imparcial sino antidemocrático, por lo que no hay congruencia moral en
exigir lo que no podemos nosotros mismos cumplir. Tal vez por eso la
propia Ley del Osafig no impida la elección de un funcionario que
cuente con una filiación partidista, porque una Ley no puede actuar
bajo presunciones. No creo, sin embargo, que sea el nombramiento o no
de Enrique Michel lo que verdaderamente importe en este conflicto, el
cual, bien visto, se une también al tema de la auditoría que llevará a
cabo el gobierno estatal a la gestión del ex gobernador Mario
Anguiano, con una empresa que curiosamente ha sido cuestionada por
actos de corrupción, lo que parece no ser problema para los priistas.
Creo que lo crucial es precisamente saber, primero, la razón de la
crisis financiera que padecen las arcas colimenses y quiénes son en
realidad los responsables de ellas, para que sean castigados con rigor
por la Ley. Lo que debe garantizarse, entonces, es que no haya
impunidad al momento de impartir justicia y no haya chivos expiatorios
en un tema que, junto al de la inseguridad, se impone el segundo en
importancia para el gobierno actual del gobernador Nacho Peralta.
Esperemos, pues, que la partidocracia colimense deponga ya sus propios
intereses políticos y atienda los que atañen a los de la ciudadanía,
todavía en espera del Colima seguro y lleno de porvenir que le
prometieron en campaña.
rguedea@hotmail.com

www.rogelioguedea.com

@rogelioguedea

 

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