TAREA POLÍTICA- José Luis Santana Ochoa

Si de por sí el programa del Gobierno Federal de dotar a las  clases populares del país, eufemismo de marginadas o en acentuado grado de pobreza, de televisiones compatibles con el nuevo sistema digital, que por cierto en Colima fue utilizado hasta el cansancio por el entonces aspirante a la gubernatura del estado, José Ignacio Peralta, para promoverse, fue todo un exceso, un despropósito que en su primera etapa utilizó unos 6 mil millones de pesos de los contribuyentes, el “extravío” de 398 mil 775 aparatos detectado por la Auditoría Superior de la Federación es una mentada de madre, una  raya más al tigre que es el noble y aguantador pueblo mexicano muy baleado ya y  al que Enrique Peña retó hace unos días a lanzar la primera piedra en contra de sus corruptos funcionarios, siempre y cuando, desde luego,  esté libre de toda culpa en el tema de la corrupción que lo tiene crucificado.

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) donde en el año de la desaparición de los televisores, 2014, tenía las llaves del almacén general la Subsecretaría de Comunicaciones a cargo de José Ignacio Peralta, están como el monje loco: nadie sabe nadie supo. “Los aparatos son parte del programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, pero aunque se documentó que se compraron, no se entregaron y permanecieron almacenados, la SCT les perdió rastro y no cuenta con un registro de su ubicación. El monto equivalente por estas televisiones digitales perdidas es de 985 millones 636 mil 216 pesos de los que no se cuenta registro sobre su destino, determinó la ASF en el informe de la Cuenta Pública 2014”, publicó en su oportunidad el portal de noticias “Animal Politico”. Los mal pensados de siempre dirán que fueron vendidas y que buena parte del dinero obtenido con la operación vino a parar a las dos campañas policías de José Ignacio, de lo cual todavía no hay pruebas que lo incriminen.

Como las desgracias no llegan solas, también le brincó al área que hasta que se vino de candidato a gobernador de Colima estuvo a cargo de José Ignacio, la revelación hecha a fines de septiembre inmediato anterior  por “The Wall Street Journal” en el sentido de que “el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto recibió sobornos por parte de las empresas que eligió para la repartición de televisiones para la transición digital entre 2014 y 2015”.La acusación concreta es que el entonces jefe de finanzas de la SCT, Rodrigo Ramírez, le impidió a la empresa armadora de televisores en México, Samsung, ganar el respectivo contrato, al mismo tiempo que por una mochada de entre 12 y 18 dólares por televisor le facilitó las cosas a otras.

Por supuesto que ni José Ignacio ni la prensa a su servicio han acusado recibo ni del “extravío”  de los 398 mil 775televisores digitales ni de los moches para direccionar a conveniencia los resultados de las licitaciones a favor de los fabricantes y distribuidores coludidos en la operación denunciada por “The Wall Street Journal”, corruptelas que el tiempo borrará con el descubrimiento de nuevas tranzas orquestadas desde la presidencia de un país en donde, según Enrique Peña, nadie está lo suficientemente limpio para lanzar la primera piedra en contra de los grandes corruptos como sus propios funcionarios, gobernadores y exgobernadores, traficantes de influencia, socios y familiares.

Los “extravíos” de los bienes del pueblo que tan mal administra el estado,  y los moches, entres o retornos que el gobierno le aplica a los proveedores de obras, equipos, materiales y servicios, continuarán porque el riesgo de que quienes los propician y practican sean cogidos en la maroma son mínimos. La mayoría de los peces gordos ni siquiera aparece en el top ten de los más buscados como sucede con el ex gobernador de Colima Mario Anguiano Moreno, por ejemplo.

EL ACABO

Mujeres porteñas que se desempeñaron como activistas y movilizadoras en las dos campañas políticas del ex candidato a la gubernatura de Colima José Ignacio Peralta, se quejan amargamente de que poco les duró el gusto de la beca, unos ocho mil peos mensuales,  que les empezó a depositar en tarjetas de débito la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, pues el titular de ésta, Kristian  Meiners Tovar, se espantó cuando fue cogido en la maroma (“nachotarjetagate”) y les exigió a la beneficiarias hacer presencia diaria en la Secretaría de Desarrollo Social, medida que las hizo tronar como ejotes tiernos, pues con los pasajes y los alimentos que tenían que pagar les salía más caro el caldo que las albóndigas y mejor optar por olvidarse del asunto.

José Luís Santana Ochoa

Analista político

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