TAREA POLITICA

Son las virtudes teologales que hoy, más que nunca, deben observar en su relación con el gobierno de José Ignacio los sufridos colimenses que no tienen más alternativa que fingir creerle para no averiguarle, esperar que el tiempo lo cure todo y tenerle caridad como buenos cristianos. Por ello, si sentencia que la violencia imperante en el estado pude aumentar o disminuir en los próximos meses; y que se vive una guerra sin tregua ni cuartel en todo el territorio estatal entre dos cárteles del narcotráfico que no identifica, hay que creerle que lo que afirma es cierto, no perder la esperanza de que tiempos mejores vendrán y tratarlo con amor cristiano.

La misma beatífica actitud debe beneficiar a los funcionarios peraltistas de primer nivel  como el Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, cuando expresa  que la administración estatal está trabajando con las autoridades federales, municipales y con los gobiernos estatales de las entidades vecinas para resolver los problemas en materia de inseguridad, por lo que “muy pronto” habrá resultados en este rubro. AOG es consciente de que la sociedad colimense quisiera que los cambios que pronostica se empezaran a ver más rápido que “muy pronto”, tanto como inmediatamente, pero tampoco hará milagros, pues su gobierno “no puede resolver en unos días lo que se ha descompuesto a lo largo de muchos años”, desde el 5 de mayo de 2005, para ser precisos, no vayan a pensar que desde que el 1 de noviembre de 1985 cuando tomó posesión como gobernador del estado Elías Zamora Verduzco.

Alienta saber  que Ochoa González ve la espiral de violencia generada en Colima por las confrontaciones entre grupos de la delincuencia organizada como un gran reto para el estado y para todo el país; también, su fe y esperanza de que la resolverá. “Estamos trabajando mucho y de manera muy coordinada de las fuerzas federales, se comparte información de inteligencia, estamos muy de la mano, hemos estado hablando con los ayuntamientos donde se han dado más eventos de este tipo y estoy seguro de que vamos a poder resolver este tema”, informa el curtido político sin atreverse a  fijar una fecha concreta para que los resultados empiecen a verse, pues hacerlo sería “ponerse una camisa de fuerza”, y loco no está.

Tan grave ve la situación Don Arnoldo que planeta ampliar el arco protector más allá de la geografía de los estados directamente vecinos de Colima como lo son Jalisco y Michoacán, para incluir a Guanajuato “que aunque no comparte límites con Colima, sí se conecta por medio de vías férreas y carreteras, donde ya se han detectado problemas como robos a camiones de mercancía que provienen de la entidad”. Con este criterio también cabrían Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas en la Fuerza Regional que propone crear para intervenir en los eventos delictivos que se den en la ruta del TLC.

Cuando se daba por hecho que los gobiernos de Colima, Jalisco y Michoacán estaban trabajando desde hace rato ya en forma  coordinada, resulta que no era sí, pues apenas se reunieron sus secretarios generales de gobierno para “acordar trabajar de manera coordinada en acciones y políticas de seguridad pública”. Cuadrados a más no poder, para formalizar los supuestos avances logrados, Arnoldo y sus pares prevén  “la realización de nuevas acciones que se materialicen en un convenio de colaboración que sería signado por los mandatarios estatales durante junio”. Mientras las partes que son legalmente gobierno se reúnen, prevén, convienen y firman papeles sin valor alguno, la delincuencia organizada y eficaz continúa gozando de cabal salud. ¿O no?

EL ACABO

Consuela saber que, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Colima es el estado con el menor índice de actos de corrupción en todo el país, milagro acreditable a quienes gobernaron la entidad la última década, Jesús Silverio Cavazos Ceballos y Mario Anguiano Moreno. ¿O no?

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