Diurnarius por Miguel Ángel Sánchez Romero

Bajo un escenario ideal de impartición de justicia y de respeto al estado de derecho la vinculación a proceso dictada por el juez de control al activista Agustín Díaz Torrejón y diez personas más, habría sido plausible y no tendría por qué ser cuestionada; sin embargo ante la cruda realidad que enfrenta Colima de ser un Estado fallido con un sistema de justicia débil y poco confiable, ha generado una serie de especulaciones en torno a la detención del llamado “Abogado del Pueblo”, entre las que toma fuerza la de un posible revanchismo político más que un acto de justicia para las supuestas víctimas del desalojo de Santa Bárbara.

Si bien el Juez de Control actuó conforme a derecho al encontrar elementos suficientes para vincular a proceso a Díaz Torrejón y a sus seguidores; empero lo que resulta cuestionable es la rapidez con la que la actuó la Fiscalía General del Estado al llevar el caso desde el inicio del supuesto delito cometido por los ahorradores defraudados de JOV, en agravio de dos mujeres que coincidentemente resultaron ser familiares de un diputado local, y por otra parte despierta sospechas el eficiente trabajo del ministerio público que logró encuadrar todos los elementos para fincarle responsabilidad como autor intelectual al Abogado del Pueblo supuestamente por “azuzar” a los presuntos infractores.

Eficiencia que casualmente no se había visto antes en casos de interés público como el homicidio de un menor de edad en la casa del exsecretario de Turismo, Efraín Angulo durante una supuesta “fiesta entre amigos” o el caso que involucra a la Delegada Federal, Indira Vizcaíno Silva por daño al patrimonio municipal de Cuauhtémoc por más de 100 millones de pesos, o las múltiples denuncias de corrupción que involucran a funcionarios de pasadas y actuales administraciones estatales y municipales, denuncias que misteriosamente no han prosperado o sus procesos se han aletargado quizá por complicidad, encubrimiento o incapacidad de la autoridad responsable de la impartición de justicia en el estado o quizá sea por lo torcida que está la justicia en Colima; lo cierto es que la Ley no se puede enderezar para unos y torcer para otros.

Pero independientemente de la legalidad de la detención de Díaz Torrejón y de diez personas más la mayoría de la tercera edad, lo que nos debe de preocupar y ocupar de esta situación, es que dentro de este supuesto acto de justicia, es perceptible un trasfondo político que evidentemente está siendo aprovechado para descalificar y satanizar ante la opinión pública al activistas social de quien su popularidad y seguidores iba en ascenso, además de que en más de una ocasión había logrado poner en jaque al Gobierno de José Ignacio Peralta, lo que sin duda generó incomodidad no solo en el mandatario estatal, sino en más de un actor político que vio trastocados sus intereses con el proceder del llamado “Abogado del Pueblo”, lo que lo convirtió en una amenaza que era necesario detener y al parecer el supuesto despojo perpetrado por las ahorradores defraudados de JOV, les dio la oportunidad para dejarle caer todo el peso de la ley, aunque para ellos tuvieran que pagar justos por pecadores; razones que alimentan y dan fuerza a las especulaciones de quienes ven el encarcelamiento de Agustín Torrejón como la de un presos políticos del Gobierno de Ignacio Peralta.

Si bien, Agustín Díaz Torrejón puede no tener una trayectoria de vida personal y profesional intachable y como muchos otros seguramente tiene sus bemoles por lo que deberá de responder; sin embargo por ningún motivo se puede permitir que se utilice la impartición de justicia como arma para amedrentar adversarios y detractores, ni mucho menos se puede permitir que sigan prevaleciendo los intereses políticos y personales sobre la ley, los responsables de la impartición de justicia no se pueden olvidar que al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.

Por lo pronto, el Fiscal General del Estado, Gabriel Verduzco deberá de demostrar con hechos y resultados que no hay impunidad y que la impartición de justicia en el estado es pareja y sin distingo alguno, por lo que esperemos que resuelva con la misma rapidez, eficiencia y eficacia los casos ya mencionados, de lo contrario dará la razón a quienes sostiene que en Colima la justicia está torcida.

miguelinosan@yahoo.com.mx

 

 

 

Miguel Ángel Sánchez Romero

Analista Político

miguelinosan@yahoo.com.mx

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