ESTACIÓN SUFRAGIO por Adalberto Carvajal

 

Mal momento eligió Nacho Peralta para cambiar de bando. El mandatario colimense que había decidido acompañar a la 4T por lo menos en el tema de salud, tomó precisamente la estrategia federal para combatir la emergencia sanitaria como pretexto para sumarse a la rebelión de los gobernadores.
En septiembre del año pasado, como un guiño al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, JIPS nombró secretaria de Salud a una hermana de Mario Delgado Carrillo, coordinador de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados.
Leticia Guadalupe Delgado no tiene el perfil, no es médica y mucho menos salubrista, pero como responsable administrativa había estado a cargo del despacho de la SSyBS desde julio, tras la renuncia del titular.
Ese vínculo institucional se rompió por ¡unos termómetros! Su homólogo jalisciense, Enrique Alfaro, se ha estado quejando porque la Federación no le da luz verde para comprar pruebas rápidas. Y Peralta Sánchez tuvo que adquirir kits caseros que incluyen un medidor de temperatura corporal, con sus propios recursos.
Nacho se sumó al coro plañidero de gobernadores que acusaron al subsecretario López-Gatell de ocultar las verdaderas cifras de contagios y defunciones por covid-19 en Colima, bajo el supuesto encubrimiento de las muertes como casos de neumonía atípica.
Por cierto, el vocero para la pandemia respondió a los mandatarios que esos datos los aportan los estados a la contabilidad nacional, y que todo caso sospechoso se toma como comprobado hasta que se demuestre lo contrario.

AÑO DE HIDALGO

Cuando el bloque de gobernadores se reunió en Coahuila el 22 de mayo, el alegato era la presunta renuencia del gobierno federal a permitir el desarrollo de energías limpias y renovables.
Luego se conocieron los intereses de políticos del PRI y el PAN en algunas de las empresas que reclaman entrar al negocio de la generación de electricidad, y los mandatarios quedaron exhibidos como simples cabilderos de negocios al amparo del poder.
La misma suspicacia cabe para la urgencia de legitimar la compra masiva de pruebas rápidas (o de termómetros), cuya efectiva es muy cuestionable pero no así los márgenes de utilidad que se pueden obtener entre el precio real y el de factura.
Con sus discursos grandilocuentes en las tres reuniones (además de Coahuila y Colima, el 29 de mayo, hubo otra en Michoacán el 15), los gobernadores no ocultaron su desesperación por conseguir fondos, vía participaciones extraordinarias, inversión pública federal o endeudamiento.
Sin embargo, los ciudadanos de esos tres estados junto a los de Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Jalisco tienen todo el derecho a preguntar para qué quieren los gobernadores más dinero si malgastaron el que ya recibieron.
Se entiende el activismo de Enrique Alfaro: está en campaña, su sexenio terminará justo a tiempo para lanzar su candidatura presidencial en 2024. Pero Nacho, el neoleonés Jaime Rodríguez, El Bronco, o el michoacano Silvano Aureoles, encabezan administraciones agonizantes.
Sus gobernados se preguntan por qué la urgencia de incrementar el endeudamiento público: ¿es para tener liquidez para la campaña de quien ven como sucesor o, peor aún, para embolsarse el dinero en la mejor tradición del año de Hidalgo?

CUMBRE DE NOGUERAS

Nacho se mostró como el anfitrión perfecto en la cumbre de Nogueras. La reunión a puerta cerrada terminó con una comilona ambientada con mariachi en la que difícilmente se observaron los protocolos de sana distancia.
Por lo demás, la zona metropolitana capitalina fue puesta en estado de sitio para que se movieran a placer las escoltas de los gobernadores. El cerco policial impidió a los manifestantes de Morena llegar a la ex-hacienda pero no evitó que los lugareños se manifestaran indignados porque las comitivas llevaron el coronavirus a las puertas de su casa.
Después del banquete, en poco más de una semana Peralta Sánchez se topó con la realidad de un Estado fallido:
– Lo es porque el gobierno estatal ha perdido el control físico del territorio y el monopolio en el uso de la fuerza.
Colima padece un fuero criminal que ordena la desaparición o ejecución impune de personas, sin importar si es un ex gobernador, un munícipe o una diputada local.
– Pero también es Estado fallido porque la autoridad del Ejecutivo para la toma de decisiones, está completamente erosionada.
Si es verdad lo que se maneja en los círculos del poder que Peralta ordenó, por parejo, el cese del secretario general de Gobierno y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, una vez más obligaron al mandatario a reconsiderar la salida de Arnoldo Ochoa González del gabinete.

VIVIR TRISTE E INSEGURO

Mientras Nacho presumía su ingreso al autonombrado G-8 (el bloque creció con la incorporación de Guanajuato), se hizo por enésima vez evidente que fue incumplida la promesa de campaña: “Vas a vivir feliz, seguro”.
La triste realidad es la del estado con mayor índice de homicidios violentos por cada cien mil habitantes. Y a los asesinatos que, por tan frecuentes, ya no impresionan más que los familiares de las víctimas, se sumaron dos episodios que merecieron la atención de los medios de cobertura nacional:
– El ‘levantamiento’ en Ixtlahuacán de la diputada Anel Bueno Sánchez, cuyo trágico fin se conoció hace unos días al encontrarse su cuerpo en una fosa clandestina; y
– La ‘captura’ de 12 colimenses en territorio de Jalisco, que se resolvió con la liberación de un funcionario del C-5, un civil y tres elementos femeninos de la policía estatal, pero el posterior hallazgo de siete cadáveres que resultaron ser los del resto de los agentes plagiados.
Uno y otro episodio revelaron no sólo la ineficacia de las autoridades de procuración de justicia e inoperancia de las de seguridad pública, sino la existencia de un aparato criminal que dialoga –por decir lo menos– con quienes deberían imponer la ley y el orden.

DOBLE VICTIMIZACIÓN

Cuando el presidente López Obrador informó en la mañanera que habían encontrado el cuerpo de Anel, se hizo patente que la autoridad federal terminaría por atraer el asunto ante los pobres resultados del gobierno estatal.
Para Nacho todo quedó en el discurso como cuando, ante la exigencia del Congreso local para que “la fuerza del Estado” no cesara en la búsqueda de la diputada, cuyo ‘secuestro’ ya era un secreto a voces, el Ejecutivo reconoció oficialmente el plagio, más bien como un reproche al Legislativo por haber roto el silencio que gobierno, familia y prensa se autoimpusieron para proteger la vida de la víctima.
Casualmente, se filtró información de ‘inteligencia’ sobre los presuntos vínculos de Anel Bueno con ‘el jefe de la plaza’, en una típica jugada de criminalización de la víctima y de desprestigio a la Legislatura.
Medios nacionales difundieron la versión de que la Fiscalía General de la República manejaba una segunda hipótesis: la posibilidad de que la diputada haya sido confundida con los brigadistas de un grupo contrario al que domina Ixtlahuacán.
No tiene sentido que si ella era tan cercana al jefe de plaza, como sugiere la filtración, la levantaran. En cambio, la entrega de apoyos sociales por parte de los grupos de la delincuencia organizada fue registrada en video en estados como Jalisco y Michoacán.
De hecho, trabajadores sociales que como Anel han ido a entregar despensas en comunidades rurales del estado durante la cuarentena, reportan haber sido seguidos por halcones e interrogados por sujetos misteriosos interesados en saber quién los mandó a repartir ayuda.

¿QUIÉN NEGOCIÓ CON QUIÉN?
JIPS trató de controlar los daños políticos que produjo el asesinato de los siete policías estatales, cesando a Sanmiguel y alegando que el secretario actúo por su cuenta. Pero el agravio moral desborda a los familiares de los agentes y alcanza a todos los colimenses.
El problema de que hayan sido retenidos en territorio de Jalisco los 10 agentes de la policía estatal que acompañaban a dos civiles, no es si iban o no de uniforme, con o sin oficio de comisión o si el padre y el hermano del líder de la bancada priista en el Congreso local, Rogelio Rueda Sánchez, fueron o no en calidad de funcionarios públicos.
El problema es que el gobierno de Peralta ha sido incapaz de exigir al de Alfaro una explicación de por qué los empresarios que visitaban la zona minera pidieron una escolta de Colima en lugar de una de Jalisco; por qué la legación colimense consideró más seguro no avisar a las autoridades de Guadalajara y por qué, al mandatario jalisciense, le parece normal que en esa y otras zonas de su territorio rija la delincuencia organizada.
Contra lo que argumentó Nacho Peralta en entrevista con Denisse Maerker, el problema no es que Colima esté en medio de Jalisco y Michoacán –donde la lógica criminal ha socavado la vida comunitaria de los municipios que colindan con nuestro estado– sino que su gobierno ha sido incapaz de someter a los grupos delincuenciales, provengan de donde provengan.
Una pregunta queda en el aire: ¿quién negoció con quién la liberación de las tres mujeres policías y los civiles, pero no pudo salvar a los siete agentes masculinos?

UNA SITUACIÓN INESTABLE

El desafío de Nacho a López Obrador obligó a los cuadros de Morena a cerrar filas. Toda la bancada en San Lázaro se sumó a la diputación local morenista en su exigencia de que se localizara con vida a Anel, cuando ya su desaparición acumulaba 15 días.
El hallazgo de los restos mortales de la congresista provocó tal indignación (sobre todo después del anuncio que se tuvo detenido a un sujeto vinculado a la muerte de que, como se comprobó después, tenía información del lugar dónde se encontraba el cuerpo) que los legisladores federales y locales de Morena coincidieron en exigir la renuncia del gobernador de Colima.
La senadora Gricelda Valencia invocó en tribuna el artículo 138 de la Constitución, para justificar la separación del cargo en razón de que es muy grave que Ignacio Peralta sólo exprese condolencias y lamentos, pero no proponga una estrategia eficaz para regresar la tranquilidad a los colimenses.
Y hasta la diputada federal Claudia Yáñez cuestionó al gobierno estatal por las evidentes contradicciones y lagunas que deja el informe sobre el operativo de protección que derivó en el asesinato de los siete policías.
El golpe más duro a JIPS se lo dio el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, cuando declaró:
“Colima es una entidad que tiene varias particularidades y tiene el puerto de Manzanillo que puede competir con Lázaro Cárdenas, pero tiene una gran actividad minera, que ha tenido la intervención de grupos delincuenciales que buscan el control de diversas actividades económicas. Esto ya tiene varios años, pero el secuestro y rapto de la diputada local derramó la gota, aparte de encontrar cadáveres de policías; es una situación inestable”.
El funcionario aseveró a La Razón: “Estamos esperando respuestas también del Gobernador”, tras remarcar que la resolución de esos problemas es competencia de la administración estatal.

VA POR LOS POLICÍAS

Quienes recomendaron al Gobernador retar al Presidente, suponiendo que López Obrador estaría demasiado ocupado en los temas de la pandemia como para devolver golpe por golpe, debieron haberle advertido también que en, política, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta.
El Presidente ya no va a poner la otra mejilla. Con la excusa de que una cosa es Morena y otra el gobierno federal, está haciendo sentir el peso de la República en los estados donde, además, hay un enojo popular con gobernadores que llegaron al poder en el viejo régimen y se esfuerzan por impedir la transformación del país.
La estructura de Morena mostrará su músculo en Colima este domingo 7 de junio en una marcha que, se espera, opaque a la caravana de autos lujosos que se programó para el sábado 6.
Con el riesgo de que la reacción traiga a esta ciudad a los vándalos que han infiltrado las marchas en Guadalajara o Mexicali, sólo esperamos que los policías estatales enviados a reprimir a los manifestantes legítimos y dejar hacer a los reventadores, no olviden que esta marcha es en realidad una protesta por la muerte de sus siete compañeros.

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Adalberto Carvajal Berber

Analista Político

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