José Luis Santana Ochoa

TAREA POLÍTICA

¡Rafael ya la libró!, tuiteó Martha Zepeda Del Toro en su calidad de abogada, no de militante perredista,  precisando que “como alcalde y futuro candidato, está en manos del máximo tribunal jurisdiccional de nuestro país, la SCJN no será quien altere las leyes de la gobernabilidad y seguro no tendrá el menor recato en aleccionarlos y recordarles a los diputados que sus facultades soberanas no son anuencias caprichosas para torcer la Ley”, o lo que es lo mismo, la Suprema no está para cumplirle los antojos a la pandilla peraltista ni para enderezar a  los jorobodados diputadillos locales Riult Rivera Gutiérrez y Nicolás Conteras Cortes sino todo lo contrario.

Ya la libró Rafael, alcalde de Cuauhtémoc, pero también José Guadalupe García Negrete, Tecomán, cuantimás Héctor Insúa García, Colima; Orlando Lino Castellanos, Coquimatlán; y Yullenny Cortés León, a todos los cuales  Rogelio Humberto Rueda Sánchez quisiera separarlos en forma definitiva de sus cargos y verlos inhabilitados para que en los próximos tres procesos electorales constitucionales no le hagan competencia a su PRI al que tiene en la fondo de barranca de cara al 2018. En lugar de ir en pos del rebaño tricolor que se le fue al inaccesible monte con todo y pastores municipales,  sale con que “todos los alcaldes que solicitaron licencia y participaron en la campaña extraordinaria de Jorge Luis Preciado, al hacerlo violaron la ley, y no sólo Rafael Mendoza y Guadalupe García, como determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, de Héctor Insúa, Yulenny Cortés y Orlando Lino, no obtuvieron pruebas para presentar un recurso”. Luego entonces, ¿qué chingados alega?

Tan ya la libró Rafael que, ecuánime, centrado, institucional, en la mismas frecuencia de Martha Zepeda Del Toro, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Salazar Santana, calcula  que tardarían mínimo ocho meses en resolverse de manera definitiva los recursos de suspensión que le impiden determinar y ejecutar una sentencia en el caso de juicio político en contra de él. Para cuando llegue la misma ya Mendosa Godínez habrá terminando felizmente su trienio al servicio de los cuauhtemenses. Si para entonces lo inhabitaran para contender por un cargo de elección popular en el ámbito local tendría la opción de buscar una curul en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados.

Como la conspiración peraltista primero tendría que llevar a la guillotina al presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendosa Godínez, para cuando le toque el turno al de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, éste ya andará de candidato del PAN a senador de la República. Pesos contra centavos a que al final de tan truculenta historia peraltista a José Ignacio, Riult y Nicolás se les irán vivas las palomas. Al tiempo. Ya sólo algunos ultras columnistasnachoperalta@gmail.com continúan encilindrados con la línea oficialista encaminada a minar a la única fuerza opositora real en el estado, el PAN.

En opinión calificada de Salazar Santana, con base en lo que ha visto que tardan recursos similares, el amparo podría tardar entre ocho meses y un año, y la controversia constitucional incluso más de un año: “Con base en mi experiencia, porque eso depende de los tiempos de jurado de distrito y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ocho meses a un año porque lo que resuelva el juez de distrito es revisable con el recurso de revisión ante el (Tribunal) Colegiado (…) Los jueces tratan de ser rápidos, pero tienen alguna cantidad de trabajo y lo van programando a sus tiempos”, tiempos que no son los del par de mercenarios de la política que ambicionan ser presidentes municipales de Colima, Riult Rivera  Gutiérrez y Nicolás Contreras Cortés.

EL ACABO

De haber leído la obra clásica del Derecho, “De los delitos y las penas” de Cesare Beccaria, el abogado Riult Gutiérrez  no hubiera llevado al paredón de fusilamiento político al alcalde panista de Cuauhtémoc, Rafael Mendosa Godínez,  pues “las penas deben ser tan leves y humanas como sea posible mientras sirvan a su propósito, que no es causar daño, sino impedir al delincuente la comisión de nuevos delitos y disuadir a los demás ciudadanos de hacerlo: las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos; la única medida válida de la gravedad de un delito es el grado de daño que causa a la sociedad”.

José Luís Santana Ochoa

Analista político

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