Por Héctor Gutiérrez.

La afinidad que tiene Peralta con las políticas de privatización tienen que ver con su formación académica y su pertenencia a la neo tecnocracia del PRI, grupo en donde se ganó la candidatura a gobernador. Que Nacho gobierne traspasando bienes públicos para que sean administrados por la iniciativa privada es entendible, pero el problema es que ninguna de esas acciones fueron parte de sus propuestas de campaña. Tampoco están en el Plan de Desarrollo.

De aquí tengo una duda ¿En qué se basa para tomar decisiones tan trascendentales como concesionar parques y mercados a la iniciativa privada?

Peralta prometió desarrollar clústeres de turismo con una visión endógena, y lo que está haciendo es otorgar espacios públicos a la inversión extranjera. El gobernador argumenta que el Estado no tiene capacidad de inversión, pero con la ley que le hizo a Cómo Vamos pretende renunciar a ingresos, ya eliminó los impuestos a la enseñanza privada y parece que también redujo sustancialmente los costos para validar instituciones educativas con fines de lucro. Nos dice que el Estado no tiene capacidad pero tampoco parece interesado en que la tenga.

Hasta el momento el anuncio de inversión turística para construir una plaza, una rueda de la fortuna y una pantalla gigante, no ha sido cuestionado por alguno de los sectores impactados directamente, es decir, los vendedores del mercado de pescado y los comerciantes del centro. Pero nuevamente ha despertado la desconfianza de una parte de la ciudadanía.

Manzanillo es una de las ciudades más violentas del país. La crisis de inseguridad enraizada en la disputa entre grupos del crimen organizado y la incapacidad estatal no hacen al puerto colimense un atractivo –al menos por el momento- para la inversión. Imagino que la certeza de hacer un buen negocio es tal que por el momento eso no asusta a los empresarios.

Ojalá, por el bien de los comerciantes locales y de la ciudad, las cosas salgan como se anunciaron. México está lleno de ejemplos de concesiones y asociaciones entre Estado y privados que terminan desfalcando las arcas públicas y dejando problemas a largo plazo. Como siempre todo responde a la corrupción y la falta de planeación.

Personalmente tengo mis dudas del impacto del mega-proyecto. No sé cuánto turismo nacional e internacional se vea seducido a visitar el puerto colimense por una rueda de la fortuna, y si los que terminan visitando la nueva atracción son los colimenses, pues más que ingresar dinero a Colima, este terminará en manos de los concesionarios. La capacidad de transformación positiva de la ciudad también la pongo en duda, pues estos proyectos muchas veces terminan por generar más exclusión entre los habitantes.

En Manzanillo no hay un solo museo, yo no sé cuál será el circuito de los autobuses turísticos. Ojalá los pobladores puedan utilizarlos como transporte público porque hace falta.

Ahora supongamos que el negocio no funciona ¿a cargo de quién corre el riesgo?

¿Qué pasa si la empresa decide abandonar el contrato? ¿Qué certeza tienen los actuales vendedores de que conservarán sus puestos sin riesgo de que les impongan requisitos arbitrarios o simplemente su actividad deje de ser rentable en el nuevo espacio?
Y es que como pasó con el Parque Regional, el gobierno de pronto avisa que llegó la inversión, que se desarrollará el proyecto y el Estado otorgará una concesión gratuita. No da a conocer las condiciones, no hace públicos los documentos donde se asienta la relación. Pero tampoco explica por qué promete una cosa y hace otra.
Y como son bienes públicos, pues tenemos derecho a pedir cuentas.

Héctor Gutiérrez Magaña

Analista político

Maestro en investigación en Ciencias Políticas.

 

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