Sergio Jiménez Bojado

HOY, México se encuentra ante una terrible encrucijada. El proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional y la Ley de Seguridad Interior, que de ser aprobada por la Cámara Baja, legalizará la violación a los Derechos Humanos.

El artículo 29 de la Constitución ya prevé las situaciones de excepción para la restricción de las garantías individuales y la anulación temporal de los Derechos Humanos, al tratarse de situaciones graves para la Nación, que ameriten medidas extraordinarias. Se habla del Estado de Excepción y las causas que lo justifican, como casos de invasión, perturbación grave de la paz pública y graves conflictos sociales.

Se trata de una ley que, de aprobarse, de entrada, pone en riesgo el Estado de Derecho, pues es una normatividad para justificar la ilegalidad, es decir, para que los actos públicos del Ejército, así como los decretos presidenciales que ponen en práctica, estén fuera del marco constitucional. De ahí la importancia de medir las consecuencias de cada palabra mal dicha o mal escrita, o que se presta a la ambigüedad.

El hecho de que la tenga que ratificar también el Congreso es palabra muerta, pues ya conocemos el comportamiento tradicional de entreguismo de las fracciones parlamentarias afines al régimen, las cuales son mayoría, con la honrosa excepción del grupo parlamentario de Morena. Al igual, el sometimiento de los gobiernos estatales al control central de los demás Poderes, no inspiran ninguna esperanza de limitar el ejercicio presidencial.

La iniciativa de Peña Nieto y el PRI, para dotarse de esa ley, refleja, de entrada, aquí sí, un peligro para México, pues además de la puerta que ya abrieron los senadores en 2014, cuando agregaron como causales también el término de “Causas Similares”, Peña Nieto agrega otro nuevo que dice: “Cualquier otro acto o hecho” (artículo 7, fracción III, Ley de Seguridad Interna).

Es posible que dentro de un marco de referencia con gobiernos muy avanzados y gobernantes vitalmente demócratas se podría creer que estas simples modificaciones podrían ser menos peligrosas, pero no así con gobernantes como Peña Nieto, que está en la silla presidencial por un grupo de poder económico, y por un partido que, por todos lados, le brota la corrupción.

El uso del término “cualquier otro acto o hecho” tiene ya dedicatoria, pues las ganas de deshacerse de marchas y protestas contra sus medidas de despojo económico, como las de sus reformas, deben estar pensadas en sus posibles decretos.

Es grave que un Presidente pretenda pugnar una Ley Complementaria a modo, con agregados, como los que se están debatiendo para aplicar el contenido del artículo 29 de la Constitución, pues el Estado de Sitio no está lejos de cualquier exceso de poder. Peña Nieto castigó a las mayorías de este país con las reformas ya conocidas. A pesar de que se juntaron las firmas necesarias, de acuerdo a la ley, para que no pasara la reforma energética, aplicó verticalmente su fuero para implementarla.

Esta ley, propuesta por el PRI, es retrógrada y parte de una lógica equivocada, que encubre las verdaderas intenciones del Gobierno Federal, bajo el argumento de proteger a la sociedad, ya que faculta a las Fuerzas Armadas a desplazar al Ministerio Público en la investigación de los delitos cometidos por civiles; abre la puerta al sistema de espionaje militar generalizado; da luz verde a la represión y violación de los Derechos Humanos; permite que el Presidente, de manera unilateral, declare Estado de Excepción y suspenda las garantías individuales y habilite a los militares a intervenir ante cualquier asunto que ponga en peligro la estabilidad, la seguridad o la paz pública.

Es claro que esta ley no debe aprobarse, en virtud de que no existe una condición de guerra, y además, no traería ningún beneficio a la Nación, y sí dotaría de un peligroso instrumento de poder, fuera de la ley, a este Presidente.

Sergio Jimenez Bojado

Luchador social y Presidente del Comité Ejecutivo Estatal Morena.

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