El Diputado Carlos César Farías Ramos, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, informó que luego de la denuncia presentada ante las autoridades federales por las irregularidades detectadas al interior del Congreso del Estado en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, la Secretaría de la Función Pública ya trabaja en la integración de la probable sanción que deberá aplicar conforme a lo estipulado por la propia Ley.

Lo anterior, dijo que dicha sanción será para quienes desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dieron las condiciones para que un Diputado local obtuviera una clave de acceso a dicho programa y registrara a 60 jóvenes, quienes hasta este momento y fecha, no se sabe de su paradero, por lo que manifestó, que es un aprovechamiento corrupto.

Al ofrecer una rueda de prensa en la Sala de Juntas “Profr. Macario G. Barbosa”, del Poderl Legislativo, el Diputado Carlos Farías mostró a los medios de comunicación los documentos que el Mtro. Eusebio Gutiérrez Flores, titular del Área de Quejas Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, actuando como autoridad investigadora y de la propia Secretaría de la Función Pública, le hizo llegar para informarle de la existencia de los resolutivos que indican ya la investigación administrativa entorno a estos hechos.

Al asegurar que la lucha contra la corrupción, es real, así como la lucha contra la impunidad, dijo que hace una reflexión a diversas comunicaciones con quien se ostentó como encargada de Jóvenes Construyendo el Futuro y que inclusive la exdelegada de Bienestar en el Estado de Colima, como tal hizo varias declaraciones oficiales, ella es Valencia Vargas, pero que ahora niega haber tenido ese nombramiento.

Citó el oficio con fecha del 28 de octubre del presente año que fue recibido en el Congreso del Estado, firmado por Valencia Vargas, donde refiere que es Capacitadora Estatal del “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, en Colima, por lo que indicó que este programa recae directamente en quien fuera la titular de Bienestar en la entidad, Indira Vizcaíno Silva.

A través de este documento, manifestó que indica que todas las comunicaciones oficiales que remitieron al Congreso del Estado se encuentran invalidadas, es decir, fueron firmadas con un nombramiento y una categoría de funcionaria que no le correspondía, por tal motivo, “se viene reforzando la teoría de esa colusión corrupta entre un Diputado de esta Soberanía y personal de la Delegación de  Bienestar en Colima y también por personal de la Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo”.

Al mostrar el oficio donde Valencia Vargas aparece como Capacitadora y no es encargada de dicho programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, queda la evidencia de la corrupción, el encubrimiento  y la pretensión de omitir, de desvanecer una responsabilidad administrativa grave del uso de dicho programa de jóvenes.

Farías Ramos, subrayó que los colimenses no quieren un estado de corrupción y mucho menos un estado de impunidad, en donde los colimenses reconocen como el gran mal de Colima y de México, los actos corruptos de muchos funcionarios públicos federales y locales.

Consideró que no es justo que “aplaudamos la detenciones de funcionarios federales corruptos y en el Estado de Colima hagamos caso omiso de actos actuales de corrupción de actores políticos importantes, que quieren caminar hacia un estado de impunidad, a través de la función y Carlos Farías está en contra de la corrupción como ciudadano, abogado y Diputado local y presidente de la Comisión de Gobierno Interno”.

Mientras se pueda ejecutar la Ley, esa será la premisa válida: obediencia a la Ley, sentenció.

Sobre la devolución del medio millón de pesos que fue cobrado de forma ilegal por un Diputado, que le antecedió al frente de la Comisión de Gobierno Interno, el Diputado Carlos Farías, dijo que estarán vigilantes del paso siguiente para que el Contralor del Congreso del Estado lleve a cabo su esclarecimiento y se resuelva el conflicto de acto corrupto interno del Congreso, conforme lo estipula la Ley.

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