José Luis Santana Ochoa

TAREA POLÍTICA

A contra corriente del coro de las furibundas voces que en Colima se escandalizaron al grado de rasgarse sus tricolores vestiduras porque su villano preferido, el Senador de la República Jorge Luís Preciado Rodríguez,  propone que los mexicanos recuperen su derecho a poseer armas de fuego en sus casas y negocios y portarlas en sus automóviles para defenderse de los malos de la película que el Gobierno responsable de su seguridad no ha podido someter, vuelve a surgir la voz autorizada del General Francisco Gallardo Rodríguez, quien al ser recientemente entrevistado por Ángel Guardián hizo interesantes precisiones sobre el tema que vale la pena comentar.

De entrada, Gallardo Rodríguez coincide con el fondo del proyecto legislativo planteado por Preciado Rodríguez, quien continúa promoviendo  su idea en entrevistas televisivas como las que ha tenido con los  periodistas Carlos Marín y Yuridia Sierra, por ejemplo. Ni Francisco ni Jorge Luis tienen dudas de que los ciudadanos “deben tener derecho a portar un arma para defenderse y  la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no debe ser la autoridad que regule la venta y los permisos para la portación de armas de fuego por parte de civiles”, mucho menos monopolizar su venta, habría que agregar.

“En todos los estados democráticos el ejército no tiene por qué aplicar la ley, perseguir el delito y menos participar en asuntos de seguridad pública, el ejército mexicano aplica la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, exclusivamente (…) está situación rompe el pacto constitucional porque el estado es un estado civil y laico”, dispara con puntería apache el General que de paso le restriega a la Secretaría de la Defensa Nacional su inoperancia como autoridad en la materia, pues “existe un mercado negro de armas y una gran falta de control, en 10 años ha vendido legalmente 5 millones de armas pero sólo a gente con alguna influencia política y no ha podido frenar que circulen en el territorio nacional más de 20 millones de armas ( la mayoría  de estas de igual o superior calibre y poder destructor que las poseídas por las fuerzas armadas del país),  muchas de las cuales terminan en manos de criminales. ¡Sopas perico!

Hay  que recordar que ya antes en uno de sus artículos periodísticos el también Doctor en Administración Pública por la UNAM y Defensor de Derechos Humanos, citó textual  el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “los habitantes tienen derecho a poseer armas en sus domicilios para su seguridad y legítima defensa”, pero el temeroso Ejército Mexicano se lo pasa por el arco del triunfo amparado en la extremadamente restrictiva Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos Vigente que el entreguista Congreso de la Unión graciosamente le obsequió en 1972.

Da en el blanco el General Brigadier cuando afirma que “la prohibición para que los mexicanos tengan posesión de armas para su legítima defensa tiene por objeto mantener un control social e impedir que la sociedad esté en posición  de defenderse en ausencia de un gobierno que le dé protección”. Por supuesto que mientras son peras o son manzanas, todo mundo debe apegarse a la Ley vigente, pero los ciudadanos que quieran apoyar la iniciativa preciadista, prospere o no, están en plena libertad de hacerlo, igual que los defensores del imperante estado de cosas  como Carlos Maldonado Orozco, presidente del fantasmagórico Consejo Ciudadano Estatal para la Seguridad Pública. Vale la pena volver a citar el más que oportuno y pertinente parafraseo que Gallardo Rodríguez hizo de Aristóteles en uno de sus sensatos artículos: “Tanto el oligarca como el tirano desconfían del pueblo; por lo tanto, lo privan de sus armas aun cuando sólo aquellos que las empuñen pueden ser ciudadanos”.

EL ACABO

  • ¡Dios es grande!, exclamaron a coro los consejeros, funcionarios y empleados del Instituto Electoral del Estado de Colima, al saber que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los había liberado del  insoportable yugo que para ellos fue durante poco más de un año  la ex presidenta del mismo, Felicitas Alejandra Valladares Anguiano.
  • “Si el ex gobernador Mario Anguiano Moreno es exonerado, la diputada panista Julia Jiménez Ángulo será una de las responsables de esa situación y se convertirá en cómplice del ex mandatario”, ha sentenciado Jaime Sotelo García, Presidente del Consejo Estatal del PRD. Y es que la ambiciosa pedro peraltista tuvo más de un año para proceder contra él ex gobernador priista Mario Anguiano Moreno y “no hizo prácticamente nada y se va en un momento crucial para castigar la corrupción”.
  • El Juez Federal de Distrito Marco Antonio Meneses Aguilar desestimó los alegatos de secuestro que para salvar de la quema a Rogelio Salazar Borjas formularon sus abogados defensores, y la madrugada del sábado anterior lo vinculó a proceso por su posible responsabilidad en la comisión de delito contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína con fines de comercio.

 

José Luís Santana Ochoa

Analista político

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