Sergio Jiménez Bojado

Por SERGIO JIMÉNEZ BOJADO.

HACE un año, el general Salvador Cienfuegos dio un discurso mostrando su supuesto descontento por el hecho de sacar al Ejército a las calles. Dijo el general: “Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes”, y agregó: “Nosotros no pedimos estar en las calles; si quieren que volvamos a nuestros cuarteles, soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas constitucionales. La violencia no se resuelve a balazos”.

Esto muchos lo interpretaron como una protesta para retirarse de las labores que desde 2006 les fueron asignadas por Felipe Calderón, pero lo que en realidad se ha comprobado es que lo que incomodaba a la alta cúpula militar es estar operando al margen de un marco legal adecuado, esto es, que funcionar al margen de la ley existente, fácilmente se podía acusar a los militares de violaciones a los Derechos Humanos.

Por supuesto, este yerro había que corregirlo, por ello se puso en marcha lo que ya todos conocemos, una fuerte y permanente campaña mediática, con la participación de todos los poderes fácticos, pasando por diputados, gobernadores, presidentes municipales y toda la caterva de funcionarios, con honrosas excepciones; ello se debe a que la Ley de Seguridad Interior haya dado un lamentable primer paso en la Cámara de Diputados, donde se impuso con los votos de priistas, panistas y verdecologistas, a pesar de la oposición razonada y unánime de la bancada de Morena.

Y bueno, ¿qué representa para los mexicanos que se instituya esta famosa ley? Para Morena representa un retroceso, porque con ella se pretende otorgar al Ejército Mexicano la facultad de intervenir en la seguridad pública, la cual debe, como hasta ahora, corresponder a las policías federal, estatal y municipal, de lo contrario, se estaría gestando un Estado fascista, autoritario y pernicioso, lo que tanto critica este gobierno de otros países. Esta valoración la comparte la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como cientos de Organismos No Gubernamentales.

Facultaría a las Fuerzas Armadas a desplazar al Ministerio Público en la investigación de los delitos cometidos por civiles; abre la puerta al sistema de espionaje militar generalizado; da luz verde a la represión y a la violación de los Derechos Humanos; permite que el Presidente de la República declare el Estado de excepción y suspenda las garantías individuales de manera unilateral y a su criterio.

Entre otras, esta ley también otorga facultades para reprimir manifestaciones pacíficas, por lo que serán usadas para combatir la protesta social, asegurar bienes e intervenir comunicaciones sin ser fiscalizadas.

Resulta paradójico que esta ley sea aprobada, cuando es desastroso el balance de 11 años de actividad militar para combatir la delincuencia. En este periodo, han sido ejecutadas aproximadamente 230 mil personas y desaparecidas más de 30 mil. Asimismo, el incremento en homicidios ha sido el mil por ciento, por ello la gran desconfianza que esta ley despierta en la sociedad, porque se sabe que el Ejército ha sido partícipe en emblemáticas violaciones a los Derechos Humanos, como la masacre de 21 jóvenes en Tlataya en 2014, y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del mismo año.

Se deduce que la única seguridad que provee esta ley es la seguridad que se le da al Ejército, para que su actuar no tenga consecuencias legales. Se le blinda contra demandas de violaciones a Derechos Humanos y otras acciones legales; en el fondo, esta ley es congruente con el autoritarismo que el modelo económico neoliberal requiere para su continuidad, porque no hay forma de justificarla, ya que no se debe tener un país militarizado, sencillamente porque no existen los supuestos que establece el artículo 29 constitucional.

Esta ley es retrógrada y parte de una lógica equivocada, cuando pretende encubrir las verdaderas intenciones del Gobierno Federal, bajo el argumento de proteger a la sociedad.

Sergio Jimenez Bojado

Luchador social y Presidente del Comité Ejecutivo Estatal Morena.

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