Rogelio Guedea

PARACAÍDAS – Rogelio Guedea

La transparencia se ha convertido en la catapulta de los viejos y los nuevos políticos. La transparencia exige integridad ética y es, por tanto, lo contrario a la corrupción, que siempre fragua desde la sombra. El debate por la transparencia a nivel nacional tiene un origen claro: el hartazgo social, que ya no soporta más actos de corrupción por parte de la clase política. La avanzada por la transparencia está actualmente en efervescencia en la cámara alta de la República, donde las fracciones parlamentarias todavía no se ponen de acuerdo para aprobar las leyes anticorrupción, además de la polémica Ley 3de3, que exige a los servidores públicos abrir sus archivos personales y poner a la luz pública sus bienes, sus intereses y su situación fiscal. Los senadores han tenido que postergar la discusión sobre las leyes anticorrupción a un posible periodo extraordinario por las diferencias que existen entre las fracciones partidistas. PAN y PRD acusan al PRI de impedir la avanzada por la transparencia. El PRI lo niega y acusa a sus pares políticos de ser los causantes del rezago. En Colima, la Ley de Transparencia, por ejemplo, causó también polémica, sobre todo en un rubro sensible para el sentir ciudadano: el de la declaración patrimonial, que los legisladores locales han declarado optativo, lo que ha indignado a la población. Ahora parece ser que el Congreso local no tendrá otro camino que enmendar dicha Ley. Llama la atención, sin embargo, que en cuanto a la Ley 3de3, haya aparecido una nota a nivel nacional que señala que de los 128 senadores sólo 17 la han hecho pública. Y todavía llama más la atención que de entre esos 17 senadores sólo la haya presentado, por Colima, Jorge Luis Preciado, pero no así Hilda Ceballos ni Itzel Ríos. Habiendo sido Jorge Luis Preciado tan atacado en campaña por presumibles actos de corrupción, parte central de la guerra sucia en su contra, ahora resulta que de los tres senadores de nuestra entidad es el único que cumplió con esta Ley 3de3 que ratifica precisamente la transparencia del servidor público ante la sociedad, lo que no han hecho las senadoras priistas Hilda Ceballos e Itzel Ríos. La integridad ética de funcionarios y servidores públicos (en especial la de los legisladores, encargados de promulgar estas leyes) no debe ser opcional. Al contrario: debería constituir un imperativo para su permanencia en el servicio público o su ingreso al mismo. Tanto a nivel nacional como local, las leyes anticorrupción (que han sido iniciativas promovidas por la propia ciudadanía) deben convertirse en un acicate para aquellos que gobiernan o administran los bienes públicos, pues no hay otra forma de acabar con el descrédito al que ha llegado la clase política en nuestro país.  

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