ESTACIÓN SUFRAGIO por Adalberto Carvajal

El Ayuntamiento de Colima declaró extinta la Procesadora Municipal de Carne (PMC) el 16 de noviembre de 2019, y el 31 de marzo cerró sus puertas el organismo público descentralizado. Sin embargo, el asunto está lejos de concluir en lo legal, lo político, lo social y lo económico.

De todos los sectores afectados por la desaparición de la Procesadora, la Comuna sólo resolvió por completo las inquietudes de los trabajadores respecto a la liquidación de la fuente de empleo.

El problema que implicaba la rescisión de un jugoso contrato colectivo para uno de los sindicatos más combativos de la burocracia estatal, se esfumó con un acuerdo para reubicar a matanceros, deslonjadores y administrativos en otras áreas del gobierno municipal.

La mayoría de ellos optaron por adherirse a un sindicato distinto: Unión y Armonía que encabeza Cinthia Isais, organización laboral alterna al sindicato municipal que detenta Héctor León Alam.

QUE DIOS LOS AMPARE:

Pese a los esfuerzos negociadores del regidor Roberto Chapula (quien creía haber apaciguado a los inconformes hasta que estos se acercaron a los diputados locales de Morena y PT), quedan muchos resentidos entre los ganaderos, introductores y tablajeros que utilizaban los servicios de la Procesadora.

Un colectivo de ganaderos, distribuidores de carne y habitantes (la ciudadanía, de la que casi nadie en esta discusión se ha acordado) solicitó un amparo indirecto ante el segundo juzgado federal “para evitar el cierre de la Procesadora”, con Jorge Luis Preciado como abogado.

El argumento a favor de los demandantes que dio el diputado federal es de tipo sanitario. El panista, quien alguna vez realizó una precampaña electoral con el eslogan “me amarraron las manos como puerco”, exhibió ante el juez los estragos que tendrá para la salud pública la clausura del organismo.

El litigante sostiene que en los rastros de Comala y Coquimatlán están aprovechando la situación, “para vender carne de animales enfermos o echada a perder que puede provocar un envenenamiento de la población”.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL:

El amparo tal vez permita ir a fondo en el dilema jurídico de la Procesadora, discusión que en el Congreso local está empantanada. A los diputados locales del PT y Morena que cuestionan la legitimidad del Ayuntamiento para declarar unilateralmente el cierre del organismo, corresponde presentar una controversia constitucional en defensa de los intereses ciudadanos.

Dicho escenario ya fue previsto por los regidores capitalinos, quienes calculan que tendrían por lo menos un año, en lo que se dirime el conflicto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se acaben solucionando de una manera o de otra los problemas en el comercio local de cárnicos.

Mientras tanto, el conflicto seguirá teniendo una dimensión política. Cuando los representantes populares citaron a comparecer al alcalde Morán Sánchez el 17 de abril, Locho acudió no tanto para explicar las razones que llevaron al Cabildo a votar la extinción del organismo, como para reclamar a los diputados que lo llamaran.

Según el munícipe, no tiene facultades el Congreso para recriminarle el cierre de la Procesadora. Pero olvida que el decreto de ley lo emitió precisamente el Poder Legislativo (En este entierro tiene vela también el Ejecutivo estatal, pero…).

Con una manifestación que rompió todos los protocolos de distanciamiento social con los que, por órdenes del Alcalde, agentes municipales han estado molestando a comerciantes y transeúntes, especialmente en el centro histórico, Locho acudió al Palacio Legislativo para denunciar ser víctima de una estrategia política que busca descarrilarlo electoralmente.

Lo cierto es que, fingiéndose indignado o realmente ganado por la ira como en tantas ocasiones anteriores en su trayectoria política, Morán Sánchez lanzó ese viernes su tercera campaña a gobernador.

¿FELIPE ESTÁ DE FLORERO?

Curiosamente, pese a que el decreto que fundó la PMC en 1984 supuso el respectivo cierre de los rastros de Colima y Villa de Álvarez, en la administración de la paramunicipal nunca tuvo voz la alcaldía villalvarense.

La Procesadora de Carne era, implícitamente, un organismo intermunicipal cuyo estatuto legal debió haber sido desde un principio como el de la Ciapacov, el organismo operador del agua.

La razón por la cual el Ayuntamiento de Colima llevó la administración todos estos años es porque, en aquella época, la Villa era un municipio difícilmente equiparable a la capital, poblacional, política y presupuestalmente.

Hoy ya es comparable y, sin embargo, el edil villalvarense Felipe Cruz poco ha dicho del cierre de la Procesadora, quizá para no complicar la agenda política de su homólogo Leoncio Morán, franquiciatario en la entidad de Movimiento Ciudadano.

Ese partido llevó a Cruz Calvario por tercera vez a la Presidencia Municipal y, en 2021, podría llevarlo a la reelección o a algún otro cargo local o federal.

Sea como sea, el Ayuntamiento de la Villa no puede ignorar que comparte un problema sanitario y de abasto de carne con la capital del estado.

MATANZA ANTIHIGIÉNICA:

Para cuando se ordenó el cierre, se mataban semanalmente en la Procesadora 2 mil 400 cerdos y 400 reses. Estos animales están siendo llevados a otros rastros de la zona metropolitana para su sacrificio.

Por muy graves que fueran los señalamientos respecto a las condiciones de la paramunicipal (sobre todo en lo que respecta a la contaminación con residuos orgánicos –sangre, tejidos y grasas– del drenaje), los rastros de Coquimatlán y Comala están a años luz de tener condiciones óptimas para la matanza.

El fundamento para la clausura es de orden financiero: según el Ayuntamiento, el número de animales sacrificados no justificaba los costos de operación que sumaban un déficit anual de 25 millones de pesos.

Cuando esa procesadora abrió, había en el estado de Colima un hato ganadero considerable. Los Fernández, don Esteban Gómez y otros conocidos engordadores de bovinos eran, también, quienes dominaban el negocio de la introducción de animales a los rastros del estado.

Con el tiempo las figuras del engordador y el introductor se disociaron, y ante la baja continuada en el número de cabezas que se criaban en la entidad, los intermediarios empezaron a ir buscar reses a otros estados. Hasta que la transportación de animales en pie se volvió incosteable.

En nuestros días el abasto de carne de res y cerdo corre a cargo de distribuidores mayoristas. Ellos surten a muchas carnicerías locales y directamente a los industriales de alimentos procesados: restauranteros y taqueros. Pero todavía hay un número importante de animales que se crían y engordan en la región.

Que no lo hagan en el municipio de Colima no es excusa para que el Ayuntamiento se desentienda de participar en la cadena productiva, porque el consumidor final de esa carne vive y paga sus impuestos en la capital.

FALLÓ EL SALTO DE TRAPECIO:

Entre la funciones del ayuntamiento está la prestación de servicios públicos como mercados y rastro. En una lógica de libre comercio, Leoncio Morán quiere dejar la solución del problema de matanza (que es su responsabilidad como alcalde) sujeto a la ley de la oferta y la demanda.

Se infiere que mientras haya quién ofrezca el sacrificio de animales, la Comuna cumple con su obligación. Y se han planteado diversas opciones: desde un rastro TIF para todo el estado o exclusivo para la zona norte, financiado con recursos federales que los diputados de Morena “deberían estar gestionando”; a concesionar la matanza a un particular, como reveló la diputada Claudia Aguirre que planea el Alcalde; o, bien, crear una empresa social asociando a introductores y tablajeros.

El pleito es que Locho cerró la Procesadora sin tener lista la alternativa. Y aunque existan otros rastros en la región (e incluso, aun en el caso que este ayuntamiento esté dispuesto a dejar que los particulares maten en sus propios obradores), el municipio de Colima no queda exento de la obligación de prestar el servicio público.

NO ENTIENDE LO PÚBLICO:

Hace unos días, la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, demostró que el dinero no es un problema: renovó las instalaciones del rastro de Santiago, con recursos propios del municipio y una inversión de apenas dos millones 60 mil pesos.

Hacía 25 años que no se remodelaba este rastro. Hoy cuenta con techumbre nueva, mesas rehabilitadas para corte de carne, llaves de agua, tarjas y ganchos de acero inoxidable (estos últimos pagados por los productores de carne). Pusieron concreto hidráulico en el acceso principal, rehabilitaron el área de corrales, ampliaron las oficinas y modernizaron los baños.

En Manzanillo hay varios rastros pequeños, pero todos han sido profesionalizados en la presente administración. Pongamos que el rastro de Santiago no procese tantos animales como los que se sacrifican para las necesidades de Colima-Villa de Álvarez; asumamos que modernizar las instalaciones de la Procesadora cueste tres, cuatro o cinco veces más; podría salir diez veces más caro, pero con los 25 millones de pesos que el Ayuntamiento de Colima ahorrará este año al dejar de cubrir las pérdidas de la vieja instalación, se paga un rastro acorde al volumen de carne que el sector social demanda.

Nadie les quita a los particulares su derecho a entrar en el negocio de la matanza. En Tecomán hay un rastro particular moderno e higiénico, que surte a una cadena de expendios de carne de puerco. Pero mientras no exista una figura que sustituya a la que se creó por decreto en 1984, el Ayuntamiento de Colima estará incumpliendo la prestación de un servicio público básico.

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Adalberto Carvajal Berber

Analista Político

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