Rogelio Guedea

PARACAÍDAS

Hace unos días el diputado Nicolás Contreras presentó una iniciativa con la cual se busca elevar a delito el pago de las cuotas escolares, esto con el fin de terminar con la condicionante que éstas implican para el ingreso y el beneficio de la educación gratuita en nuestra entidad.

El legislador pide una pena de hasta 3 años de cárcel y hasta 400 unidades de medida y actualización a quien como autoridad escolar condicione al padre de familia este derecho constitucional.

La iniciativa del también maestro Nicolás Contreras me parece, en principio, muy útil, sí, pero totalmente inviable por una sola razón: porque atiende los efectos del problema pero no sus causas y, con ello, criminaliza a los directivos de escuela pero no así a la institución educativa y, más aún, al propio Estado incapaz de generar las condiciones adecuadas para que las escuelas de educación básica, por lo menos, puedan aspirar a la mínima operatividad requerida.

Me explico: las cuotas escolares son, de suyo, injustas porque laceran un derecho constitucional a la educación gratuita, es cierto, pero sucede que sin éstas las escuelas de educación básica (escolar, primaria, secundaria) no pueden operar en virtud de que la autoridad educativa (federal-estatal) no asigna anualmente un presupuesto determinado para la realización de sus funciones: el directivo y los padres de familia tienen que solventar hasta el papel higiénico de los baños, la tinta y papel de las fotocopiadoras, el cloro con el que refriegan los pisos, las escobas y trapeadores con las que se asean los corredores,  la pintura con la que se pintan o medio pintan las aulas cada ciclo escolar, las podadoras con las que se desraman los árboles, la gasolina para el auto que se utiliza para tirar basura o escombro,  y cualquier otro requerimiento necesario para que la escuela y sus trabajadores tengan que cumplir sus funciones digna y adecuadamente.

¿Qué nos indica lo anterior? Primero: que el Estado está violando sistemáticamente la constitución, al no otorgar una educación gratuita como lo establece nuestra carta magna, orillando con esto a los directivos a buscar de cualquier modo los fondos que permitan el funcionamiento de la escuela. Y segundo: que no se puede criminalizar a los directivos de la escuela sin antes no obligar al Estado a que cumpla con sus obligaciones.

En síntesis: no podemos hacer pagar a justos por pecadores.

Estoy seguro que las cuotas escolares se acabarían apenas la institución educativa destinara un presupuesto determinado a cada centro escolar para su cabal operatividad.

Yo apelaría al diputado Nicolás Contreras, pues, a que desde su tribuna legislativa legisle para que las autoridades educativas del nivel federal y estatal destinen un presupuesto fijo anual a cada escuela a fin de que la educación básica no ponga en aprietos ni a directivos que tienen que buscarlo por los medios que estén a su alcance ni a muchos padres de familia que, a veces con muy duras penas, se ven obligados a solventarlo.

rguedea@hotmail.com

@rogelioguedea

www.rogelioguedea.com

Rogelio Guedea

Poeta y académico

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