Justo cuando mi columna anterior comenzaba a circular, reseñando el desmentido que hizo Ignacio Peralta respecto a la inminente salida de Carlos Salazar Silva de su gabinete, la mañana de este viernes 10 de febrero en Casa de Gobierno el mandatario estatal –acompañado del ex rector de la Universidad de Colima– inició una rueda de prensa formal (no banquetera como la de un día antes en la que reprochó a los reporteros mentir por gusto, especular insanamente y difundir rumores) para confirmar la renuncia del doctor Salazar a la Secretaría de Salud y Bienestar Social, y su reemplazo a cargo de Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, ahora ex director del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

      Por más que el tema se haya vuelto obsoleto y luego nuevamente actual, reitero lo que dije en mis dos entregas anteriores respecto a las potenciales causas y las implicaciones de la renuncia (o cese) de Carlos Salazar a la SSyBS. Y sostengo mis consideraciones sobre la errática política de comunicación social en el gobierno estatal:

      Como emisor de un discurso político, Ignacio Peralta es anticuado: todavía cree que hay que decir las cosas en un sentido para que el círculo rojo entienda lo contrario. Olvida que uno de los rasgos de la posmodernidad es la irrupción de la literalidad en el relato. La ciudadanía no quiere que Nacho demuestre ser ducho en eso de engañar con la verdad, la sociedad civil reclama que le digan la verdad. Nada más y nada menos.

      INSEGURIDAD, EL GRAN SALDO NEGATIVO:

      Cumple José Ignacio Peralta Sánchez su primer año de gobierno con un doloroso saldo negativo en materia de seguridad. A reserva de que las buenas finanzas públicas en Colima se traduzcan en buenas finanzas para las familias colimenses, no me sumaría al reconocimiento por los aparentes logros técnicos del gabinete económico.

      De hecho, los colaboradores de JIPS ni siquiera lograron balancear con legitimidad gubernamental los costos políticos, pues el recorte de personal, las restricciones al gasto público y la casi nula inversión en infraestructura –en un estado donde el presupuesto es el gran motor de la economía– rompieron las tradicionales alianzas del régimen con sus electores y, especialmente, con las estructuras partidistas (del PRI y sus satélites: el Verde y Nueva Alianza). La militancia tricolor, ecologista y magisterial solo está esperando el 2018 para cobrar facturas al Gobernador.

      Triste honor de ser el estado con mayor número de homicidios dolosos aparte, que seamos prácticamente la única entidad donde no hay una narrativa oficial respecto a lo que está pasando, deja muchas preguntas en el aire: ¿cuáles son las cárteles que están disputando la plaza?, ¿por qué tantas ejecuciones?, y en todo caso ¿quién va ganando la guerra contra las drogas?

      El último hito en una serie de eventos desafortunados, inconexos e inconsecuentes, fue la llegada de un batallón de la Policía Militar a Tecomán. En su primera semana de trabajo logró la detención de 82 personas, la incautación de 19 vehículos y el decomiso de diversas armas y sustancias prohibidas, en una serie de operativos en bares, restaurantes, hoteles, moteles, autohoteles y casas de huéspedes, así como en un autolavado.

      Según datos oficiales, de las personas detenidas 11 lo fueron el primer día, tres el segundo, ocho el tercero, 12 el cuarto, 23 el quinto, nueve el sexto y 16 el séptimo. Además de los vehículos, se incautaron 16 motocicletas y una cuatrimoto. También se decomisaron dos armas cortas, un cargador y 23 cartuchos. Confiscaron 10 mil 690 pesos en efectivo, 18 teléfonos celulares y 48 dosis de distintas sustancias prohibidas, como mariguana, cocaína y cristal.

      Lo que no se ha comentado públicamente es que se recurrió a la Policía Militar (de la cual hay nueve  batallones en el país) porque, a diferencia del Ejército o la Marina, este cuerpo de las fuerzas armadas puede justificar mejor su actuación en tareas de Seguridad Interior, a falta de una reforma legal que exima a soldados e infantes de potenciales violaciones a los derechos humanos. La PM, por lo demás, está mejor entrenada en acciones de combate en zonas urbanas.

      Pues bien, 82 son muchas personas detenidas. Pero, con todo, el porcentaje es menor al récord de mil 749 consignados por la policía estatal en los últimos cinco  meses, pues 82 en una semana equivalen a 328 en un mes y a mil 640 en cinco meses. Todavía abajo de los mil 749 que fue informado la semana anterior.

      Estos cálculos no son ociosos, evidencian que si la Policía Militar fue traída a Colima como un último recurso, los resultados de entrada no son extraordinarios.

      La verdadera duda es dónde están poniendo a tanto delincuente (suponiendo que todos los detenidos sean auténticos malandrines o “bad hombres”, como los llamó Trump). Si los reclusorios del estado ya estaban repletos y no se ha anunciado un repentino aumento en la población de los ceresos, una de dos: ¿todos esos detenidos no se convierten en presos o, bien, los agarran, los sueltan y los vuelven a agarrar a fin de que se mantenga estable la demografía carcelaria?

      Si no todos los detenidos en estos operativos acaban en la penitenciaría, ¿significa eso que simplemente detienen de manera inconstitucional al que “ven” sospechoso (para luego soltarlo) o que el nuevo sistema de justicia penal está haciendo insostenibles las detenciones de quienes deberían estar tras las rejas?

      Lo más triste es que a pesar de esos mil 749 detenidos, el aumento en las cifras de homicidios dolosos y de robos a casa habitación o a tiendas, no sólo no se ha frenado sino que se ha incrementado en los últimos cinco meses.

Adalberto Carvajal Berber

Analista Político

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