Jesús CP

Hace unos meses escribí que el gobierno de nuestro estado no podía con el Parque Regional y aún así gastaban 170 millones de pesos en la compra del terreno de “La Campana” para hacer otro parque. Ahora, la novedad es que no pudieron con el tradicional Parque Regional y lo privatizan en un raro negocio en donde parece que, al igual que muchas cosas en esta administración, hay gato encerrado.

Vamos por pasos:

Primeramente, se me hace insultante que un lugar tan tradicional como lo es el “Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez”, lo vayan a renombrar con un nombre barato como “Ecoparc Colima”. Al rato van a querer llamar al parque de “La Piedra Lisa”, la “Flat Stone Park”.

Segundo. Cuando hace meses se denunciaron las malas condiciones en que se encontraban varios de los animales en el parque, el gobierno salió a desmentirlo. Incluso los veterinarios del parque, en todo su derecho de defender su trabajo, también salieron a desmentirlo. Ahora el mismo gobierno utiliza esa situación como excusa para privatizarlo, reconociéndose así como mentirosos y dejando mal parados a sus veterinarios, porque ahora resulta que el gobierno no sabe y no tiene por qué mantener animales (y de esto se pudieran desprender varios comentarios que voy a omitir).

Tercero. Según el secretario de desarrollo urbano, Jesús Sánchez Romo, de entradas al área del zoológico del parque, con un precio de $8 pesos por persona, se reciben anualmente $350,000 pesos, y según el mismo secretario, el gasto anual para mantener dicha área es de $2 millones de pesos. Seamos honestos, ¿a qué empresa le va interesar una concesión que no es negocio, y que por el contrario, va a perder 1 millón 650 mil pesos al año?  ¿Cuál es el negocio oculto? ¿Qué favores a cambio estarán recibiendo? Porque según el mismo gobierno, el precio de la entrada se mantendría en $8 pesos, y con esos mismos 8 pesos la concesión realizará inversiones para mejorar las condiciones de los animales y hasta para comprar carritos para hacerlo un mini safari. No dan las cuentas.

Por último, aunque el gobierno no quiera llamarle privatización, y lo llame concesión, lo preocupante es que se siga una tendencia de deshacerse de todos los activos y pasivos del gobierno para dejarlos en manos de particulares ante quién sabe qué intereses, porque esta administración está haciendo de la mentira una forma de gobierno, y del gobierno una forma de negocio. Ya quiero ver las auditorías que se vendrán en cinco años.

El Chisguete.

Como ya lo anunció en su columna el buen José Luis Santana, a la Secretaría de Educación no iría Miguel Ángel Aguayo por ser gente de Fernando Moreno, e iría Nicolás Contreras por eso de saber venderse. Literalmente.

Jesús CP.

"Hombre de costumbres."

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