El Congreso de la Unión está integrado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, es decir, el poder legislativo de México es bicameral. El Congreso funciona a través de legislaturas que desempeñan sus funciones durante tres años, cuyas actividades se dividen por año, y estos a su vez en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, del 1 de septiembre al 15 de diciembre, o al 31 de diciembre si es el año en que toma protesta el Presidente de la República; y, el segundo, del 1 de febrero al 30 de abril. Los lapsos entre periodos ordinarios son conocidos como periodos de receso legislativo, en los mismos se conforma una Comisión Permanente integrada tanto por diputados como por senadores. Así pues, los senadores son electos para  desempeñar sus funciones durante seis años (dos legislaturas), y los diputados sólo durante tres años (una legislatura).

Una de las facultades de la Comisión Permanente es convocar a periodos extraordinarios de sesiones, por sí misma o vía solicitud del Presidente de la República, a las dos o a una sola de las Cámaras, si se trata de un asunto de competencia exclusiva de una de ellas. En los periodos extraordinarios únicamente pueden ser tratados los temas que se establezcan en la convocatoria que emita la Comisión Permanente. La manera habitual en que la Comisión Permanente convoca a un periodo extraordinario de sesiones es mediante solicitud de la Junta de Coordinación Política de cualquiera de la Cámaras, la cual está conformada por los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios, en la que se exponen los motivos, se determina el conjunto de asuntos que deberán desahogarse, así como la fecha en que se propone deba iniciar el periodo extraordinario.

Lo que sucede, comúnmente, es que en la agenda legislativa nacional existen temas de trascendental importancia cuya dictaminación y aprobación no fue posible durante las sesiones ordinarias de cualquiera de las Cámaras, debido a diversas circunstancias: la falta de acuerdos de las cúpulas parlamentarias respecto del contenido de las leyes; el aplazamiento para su negociación, dictaminación y aprobación para realizarse de forma aislada; o por tiempos relacionados con procesos electorales. Empero, lo extraordinario de éste tipo de periodos se redujo a una característica figurada: los mismos se convirtieron ya en una práctica legislativa normalizada, en la aprobación de leyes secundarias de gran relevancia para el país o en la elección de funcionarios de organismos autónomos.

Lo anterior lo podemos ver reflejado fácilmente en la LXII legislatura, en la que se convocó a periodos extraordinarios de forma sistemática en los primeros dos años legislativos. Para abordar tal punto es prudente recordar que en el 2012 las tres principales fuerzas políticas del país acordaron impulsar un conjunto de reformas estructurales, que en conjunto denominaron el Pacto por México, las cuales se materializaron en primer lugar a través de reformas constitucionales, y posteriormente a través la  aprobación de legislación secundaria, para hacer posible su implementación. De tal manera que para el caso de la aprobación de la legislación secundaria respecto de las reformas en materia penal, transparencia y acceso a la información, político electoral, telecomunicaciones y radiodifusión, y energética, la Comisión Permanente convocó a un total de seis periodos extraordinarios. Tal como se expone en el gráfico 1.

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*Elaboración propia con datos de la gaceta parlamentaria de las Cámaras de Diputados Y Senadores.

**La legislación aprobada en los periodos extraordinarios de sesiones del 1er año incluyen la legislación secundaria en materia de disciplina financiera de estados y municipios, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la reforma constitucional en materia de transparencia y la elección de los comisionados del IFETEL y de la COFECE. En el 2do incluyen las leyes secundarias en las materias de las reformas político electoral, de telecomunicaciones y radiodifusión, y en materia energética.

El conjunto de acuerdos a los que los tres principales partidos políticos han llegado, en el seno de las Juntas de Coordinación Política en las Cámaras de Diputados y en la de Senadores, en los periodos extraordinarios de sesiones, pueden ser vistos como un símbolo de la prioridad que para las cúpulas partidistas han adquirido el diálogo, la negociación, la concesión y la concreción de acuerdos para la satisfacción de sus intereses.

Sin embargo, el hecho de que las cúpulas parlamentarias demuestren que tienen la capacidad para llegar a acuerdos trascendentales y efectivamente legislar para reformar el statu quo en un gran número de materias, como la energética en el caso de la apertura de PEMEX o la político electoral en el caso de la reelección inmediata de legisladores, no implica que  las mismas valoren lo establecido en la Constitución como el criterio de mayor jerarquía para guiar la actividad legislativa del Congreso de la Unión. Es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya operatividad depende de un conjunto de siete leyes secundarias, que debieron aprobarse el pasado 28 de mayo, conforme a lo que los propios legisladores establecieron en el segundo artículo transitorio de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada el 27 de mayo del año pasado.

Esa fecha límite establecida en la Constitución no es, ni remotamente, de lo que depende auténticamente la reforma o existencia de ese conjunto de siete leyes secundarias en materia de combate a la corrupción, más bien está subordinada a la voluntad, negociaciones y al acuerdo, eventual e incierto, de los coordinadores de los principales grupos parlamentarios sobre el contenido de las mismas. Es decir, en éste tema y en los hechos, el término temporal establecido en la Constitución tiene un valor inferior respecto de la voluntad y los acuerdos entre los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM.

Aun así, el retardo en la aprobación de las referidas leyes secundarias no deberá llegar más allá del mes de junio, dado que las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras del Congreso del Unión acordaron celebrar un periodo extraordinario de sesiones a partir del 13 de junio, que probablemente concluiría el 17 de junio, aunque podría ser antes o después dependiendo del desahogo de los asuntos. Entre otros, los asuntos a desahogar serán,  por un lado en la Cámara de Diputados, la declaración de procedencia respecto de la chapodiputada, y las minutas que envíe el Senado en materia de combate a la corrupción; por el otro, en el Senado, las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, y el uso médico y portación personal de la marihuana.

Con lo expuesto hasta éste punto, resulta evidente que los periodos ordinarios de sesiones en el Congreso de la Unión ya resultan insuficientes, en tanto que en la actualidad se ha vuelto indispensable convocar de manera sistemática a la celebración de periodos extraordinarios de sesiones,  con el objetivo de darse más tiempo para concretar acuerdos y legislar sobre los asuntos de la agenda legislativa de los cuales quedó pendiente su discusión; aún más evidente resulta este escenario para el periodo extraordinario de sesiones que se celebrará en junio próximo, en el que para el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, y de forma histórica, no se tendrán listos los dictámenes de las leyes que se pretende aprobar, que conforme a la ley son uno de los requisitos para que la Comisión Permanente emita la convocatoria respectiva.

Por esa razón en éste momento, aprovechando la disposición de las cúpulas parlamentarias para concretar acuerdos, sí sería prudente analizar la forma de ampliar la duración de los periodos ordinarios, tal como lo han propuesto varios legisladores desde 2004, o por lo menos del segundo periodo ordinario de sesiones, teniendo en cuenta que los seis periodos extraordinarios que se han celebrado desde 2013 han tenido lugar entre los meses de junio y agosto. De igual forma, también es prudente preguntarse por qué, hasta el momento, no se ha modificado el calendario de sesiones ordinarias, será que ¿las cúpulas parlamentarias priorizan el control total por sobre la eficiencia legislativa?, es pregunta.

 

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