Lo hemos venido señalando en múltiples colaboraciones de diversos medios, el clima de inseguridad que se vive en nuestro país desde hace algunos años requiere por parte del estado de diversos factores para poder hacerle frente con resultados positivos. Uno de ellos es la profesionalización de los elementos que integran las corporaciones de seguridad pública. Y no sólo ello, además de contar con verdaderos profesionales de la seguridad, también es imprescindible garantizar que los mismos sean funcionarios de confianza, que se desempeñen con apego a la legalidad y a la ética, y por supuesto que no se corrompan ni se vicien por la delincuencia organizada.

Pero qué decir cuando los encargados de brindar seguridad, son los mismos que perpetran los actos delictivos que están obligados a evitar. Lo anterior viene a colación por el reciente descubrimiento y detención de  13 policías federales involucrados con una banda de secuestradores, quienes además son probables responsables de delitos contra la salud, delincuencia organizada, homicidio, portación de armas para uso exclusivo de las fuerzas armadas etc. y a quienes en hechos concretos se les relaciona en la ejecución de siete homicidios y cuatro secuestros, según informes del propio gobierno federal.

Con dicha captura y la consecuente investigación, a la fecha se han descubierto y detenido en total a 94 policías federales que tenían nexos con la delincuencia en lo que va del sexenio. Y es aquí dónde vale hacernos la pregunta ¿Qué tan confiable es la Policía Federal Preventiva? Por años,  el único cuerpo policial  que tiene el gobierno federal  ha sido objeto de escándalos de corrupción y de la desconfianza de la ciudadanía hacia sus integrantes, aunque debe de haber elementos rescatables y honestos, como en todos lados.

No por nada  el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a replantear con el Congreso de la Unión un nuevo sistema de los controles de confianza para la policía, para estar seguros de que actúan como lo marca la ley, pues como él mismo dijo “no todo puede estar sujeto a un polígrafo”.

Los evaluaciones de control y confianza son herramientas que permiten examinar a los elementos de seguridad pública en varias vertientes mediante por lo menos 5 pruebas, a saber: toxicología, para verificar que no consuman drogas ilícitas; psicología, con la intención de determinar su plenitud de capacidades mentales y psicológicas para el cargo que va a desempeñar;  poligrafía, con la famosa prueba del polígrafo se obtienen indicadores relevantes sobre la honestidad y transparencia del servidor público evaluado (polémico tema éste); investigación socioeconómica, para cuantificar el patrimonio del elemento de seguridad pública y constatar que éste sea acorde y congruente al ingreso económico que tiene.

Sin embargo, de nada sirve que algunos elementos de la Policía Federal las aprueben, se les certifique como elementos aptos y confiables para el cargo que desempeñan y posteriormente decidan cometer un delito. Si eso pasara, “entonces el control de confianza no sirvió” dijo Osorio Chong. Y tiene mucha razón, y es entonces donde vale saber qué tan efectivos son los controles de confianza, o qué tan bien los habían aplicado la administración anterior a sus propios elementos, pues resulta paradójico saber que todos los elementos de la Policía Federal Preventiva están evaluados y certificados como confiables, pero en los hechos resulta que son unos verdaderos hampones.

En la nueva estrategia contra el crimen ha surgido un nuevo reto que mucho tiene qué ver con el área administrativa y de planeación más que con la cuestión operativa, la reestructuración de las evaluaciones de control y confianza a los elementos de seguridad pública, donde esperamos que los legisladores y la administración federal se esmeren verdaderamente por garantizarle a la población que los integrantes de las fuerzas policiales federales realmente son confiables para sus labores, que realmente están para proteger y servir  a la sociedad y no todo lo contrario.

*El autor es Licenciado en Derecho por la UNAM, Diplomado en Prevención del Delito por la Universidad de Chile.

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