TAREA POLÍTICA por José Luis Santana Ochoa.

 

Según el periodista Raymundo Riva Palacio, “Seguritech era una empresa modesta que creció apresuradamente. De un negocio concentrado en la Ciudad de México y el Estado de México, en la última década amplió sus relaciones comerciales a otros 20 estados, en donde ha instalado la mayoría de los centros de seguridad conocidos como C2 (que hace monitoreo de video vigilancia), los C4 (centros de Comando, Control, Comunicación y Cómputo), y los C5 (centros de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Calidad). Todos los contratos, por la razón del campo que toca, han sido por adjudicación directa. Este tipo de procedimiento no habría despertado sospecha en la industria, de no ser porque concentra cerca de 80 por ciento de todas las adjudicaciones directas que ha dado el gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad, según cálculos de los expertos, y por la forma como se entregan”.

 

Bueno, pues también por la privilegiada vía de la adjudicación directa, el Gobierno del Estado de Colima le ha comprado equipo para enfrentar, con poco éxito por cierto, la pandemia del Coronavirus, como las 18 cámaras termográficas a razón de 166 mil pesos cada una. “Pedí la factura y que se me informara dónde están esas cámaras y porqué se sigue privilegiando a través de la adjudicación directa a una empresa tan cuestionada por tantas irregularidades, pero sobre todo queremos saber los costos”, disparó la diputada de MORENA  Araceli García Muro, a quien no le queda claro “si Seguritech se encarga de la seguridad o de salud o si se están haciendo negocios a costa de los colimenses. Hay muchas dudas y esperamos que se aclaren”.

A la diputada García Muro debiera quedarle claro que el gobernador Peralta se le adelantó a su presidente López Obrador en la práctica de las adjudicaciones directas de todo tipo de contratos mercantiles multimillonarios a los amigos como en el sonado caso de los 18 contratos que con un monto de 278 millones de pesos graciosamente le otorgó a León Manuel Bartlett Álvarez. Desde luego que ni las corruptas prácticas del gobierno de la 4T ni de las del “vivirás feliz y seguro” se justifican, ambas provienen del mismo tronco prianista. Y sí, diputada, todo está más claro que el agua de CIPACOV: se siguen haciendo negocios al amparo de los cargos públicos a costillas de los mexicanos, los colimenses incluidos. Todo sigue igual como cuando estaba Enrique Peña Nieto.

Si bien el monopolio de los grandes moches sobre todo lo que implique dinero contante y sonante lo ejercen el gobernador Peralta y su Secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, este par de bribones de siete suelas, cuando son cogidos en sus maromas como es el caso de  las cámaras termográficas, mandan a los funcionarios de la dependencias involucradas por ellos en su enjuagues a que den la cara,  como los han hecho con la Secretaría de Salud y Bienestar Social , por ejemplo, que ha sentenciado que la adquisición se autorizó porque “los colimenses merecen tecnología de vanguardia”. ¡No pos ‘sí¡ Y Seguritech merece hacer negocio a costillas de los colimenses, habría que agregar.

“En el mercado hay muchos insumos de varios precios, pero la calidad que se requiere  en esta situación (…) merecemos tecnología de vanguardia. En los servicios de salud se compra bien y con transparencia. Se realizó un estudio de mercado y se eligió la cotización más conveniente por el precio, la calidad y la entrega”, le ordenaron declarar a la Subdirectora de Epidemiología de la SS y BS, Diana Carrasco Alcántara, quien no tuvo vela en la operación sino el Director de Administración, Gonzalo Cruz Zamora.

Nada nuevo bajo el sol sino más de la misma desviación de recursos federales del sector Salud que viene desde por lo menos tres sexenios anteriores, abusos que llevaron al colapso del sistema hospitalario del país y al consecuente deterioro de los servicios médicos. Como el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que reconocer, “todavía después de 19 meses estoy encontrando corrupción”. José Ignacio Peralta, en los 4 años y medio que lleva en el cargo de gobernador de Colima nunca jamás la ha encontrado en su administración, seguramente porque tampoco nunca jamás la ha buscado.

EL ACABO

¡Ah las coincidencias! Los 15 millones 142 mil 316 pesos que de los bolsillos de los permisivos y aguantadores colimeños depositaron José Ignacio y Carlos Arturo a empresas fantasmas con el propósito de apoyar las campañas del PRI entre los años 2016 y 2017, Operación Zafiro, equivalen a lo que se carranceron de los fondos que debieron de haberse aplicado al edificio de los priistas colimeños.

José Luís Santana Ochoa

Analista político

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