José Luis Santana Ochoa

TAREA POLÍTICA por José Luís Santana Ochoa

Si José Ignacio Peralta cree que con culpar al Coronel Enrique Alberto San Miguel Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública de su fallido gobierno, por haber llevado a cabo el operativo para “realizar un cerco perimetral a unos empresarios mineros que viajarían al estado vecino de Jalisco”, que llevó a la muerte a siete elementos policiacos de esa Dependencia, decisión de la cual, según su dicho, no fue informado; y nombrar en su lugar a otro militar, Vicealmirante Miguel Ángel García Ramírez, ya resolvió el desaguisado, se equivoca de pe a pa. El cese del disciplinado hasta la ignominia San Miguel Sánchez resultó insuficiente para tranquilizar las agitadas aguas, debió también haber rodado la cabeza del inamovible Secretario General de Gobierno.

Tampoco le funcionará a José Ignacio su muy desgastado argumento de que “la posición geográfica de Colima en medio de Michoacán y de Jalisco, la presencia del puerto de Manzanillo, que es un puerto federal, donde nosotros no tenemos nada que ver, cada rato hay aseguramiento de droga, es claro que está en la ruta logística del narcotráfico”, para evadir su responsabilidad y la de su Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, por la violencia imperante en la entidad desde que ambos funcionarios, para desgracia del pueblo bueno y sabio de Colima, asumieron sus respectivos cargos.

Porque en la administración municipal de Manzanillo 2015/2018 que presidió la ex panista Gabriela Benavides Cobos,  el vicealmirante Miguel Ángel García Ramírez resultó toda  una nulidad como su Director de Seguridad Pública; y con los  antecedentes de que otros dos de su misma arma,  Contraalmirante Francisco Javier Castaño Suárez y Almirante Eduardo Villa Valenzuela, también valieron para maldita sea la cosa, no se entiende por qué José Ignacio Peralta insiste en poner otra vez la seguridad de los colimenses en tan nada confiables manos marineras, así diga que García Ramírez “deberá trabajar al máximo de sus capacidades para brindar las soluciones que la población espera y hacerlo en plena coordinación con los distintos órdenes de gobierno”.

José Ignacio Peralta cree que no hay quinto malo, aunque éste sea otro marinero de agua dulce, pero todo pinta para que sea incuso peor que sus antecesores en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública donde el Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, influye para mal sin hacerse responsable de sus regadas como la que llevó a la muerte a siete policías a manos de una de las “principales bandas delictivas que operan en Colima (pero)  no operan desde Colima”, según José Ignacio Peralta, gobernador de un territorio que, reconoce, “está siendo administrado por cárteles que están identificados en otras entidades y aquí no están los tomadores de decisiones, esa es parte también de la problemática que tenemos”.

Cuatro cambios al hilo de secretarios de Seguridad Pública del Gobierno del Estado evidencian que el origen del problema se ubica más arriba, en la Secretaría General de Gobierno y en el Despacho de José Ignacio Peralta a quien ya se le agotaron los periodos de gracia y del beneficio de la duda respecto a los resultados de sus decisiones. ¿O no?

EL ACABO

ü Conforta saber, por boca del gobernador Peralta, que, a mucho orgullo, en Colima “tenemos una menor cantidad de homicidios dolosos del fuero común, que lo que había hace 20 años. Lo que nos está incrementando la estadística son los homicidios dolosos del fuero federal, es decir, aquellos que están relacionados con el crimen, delincuencia organizada y por supuesto narcotráfico”.

ü En la encuesta “Ranking de gobernadores” correspondiente al mes de mayo de 2020, el de Colima, José Ignacio Peralta, avanzó ya al lugar número 31 superada solamente por el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, Morelos,  que no ha soltado el farol rojo como el peor gobernador del país. Peralta todavía tiene un año, 4 meses y 20 días para desbancar a Cuauhtémoc del lugar 32. ¡Claro que puede lograrlo¡

José Luís Santana Ochoa

Analista político

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