A través de una rueda de Prensa, Ramón García, candidato a diputado independiente por el distrito número dos, presentó, como parte de sus propuestas de campaña, una iniciativa de ley de austeridad y gasto público, para terminar con los privilegios de los funcionarios y representantes populares, así como ahorrar dinero que se destine a educación, salud y seguridad.

Ramón García señaló que presentará esta iniciativa en caso de llegar al Congreso del Estado, y en caso de que no lo favorezca el voto de la gente, buscará presentar esta iniciativa por la vía ciudadana.

Entre las principales propuestas de la iniciativa del candidato independiente, destaca un tabulador de sueldos donde se pone un tope a los salarios del gobernador, secretarios de estado, diputados y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. En esta propuesta, el gobernador no podrá ganar más de 900 salarios mínimos, mientras el máximo de sueldo para los secretarios de estado será de 700 salarios mínimos. El sueldo de los demás funcionarios se determinará en orden jerárquico.

En el caso de los diputados, sus percepciones no podrán ser mayores a 700 salarios mínimos, y los magistrados del STJE tendrán como tope 800 salarios mínimos. En ningún caso los funcionarios podrán tener compensaciones, sobresueldos y otro tipo de percepciones que incrementen sus ingresos por encima del tope propuesto.

La iniciativa de Ley de austeridad también restringe la compra de vehículos privados, los viajes en primar clase y el hospedaje en hoteles de gran turismo. También se busca prohibir que el gobierno estatal gaste más de los presupuestado en el rubro de servicios generales, materiales y suministros, así como en publicidad oficial. Si se necesita ampliar las partidas presupuestarias, se deberá buscar la autorización del Congreso del Estado.

Para vigilar el cumplimiento de esta Ley, así como proponer un tabulador de ingresos máximos para presidentes municipales, regidores y síndicos, se conformará un Comité Estatal de Austeridad, el cual estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo, y el Sistema Estatal Anticorrupción.

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