De seguro que el Vicealmirante Jorge Rubén Bustos Espino, Director de la Dirección de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, no sólo ha estado revisando la plantilla de funcionarios y empleados de confianza que le heredó su antecesor en el cargo Jesús Orozco Alfaro, para para verificar si los perfiles profesionales de los amigos de Chucho, del hijo de Doña Nico y del ahijado de Don Fernando, coinciden o no con los requerimientos de los puestos que ocupan, sino también las concesiones y contratos “fast track” otorgados en la administración sietemesina de  quien a través de su larga carrera en la administración pública ha acreditado una gran visión y habilidad para hacer multimillonarios negocios al amparo del poder, lo que le ha generado temerarias acusaciones de sus detractores “cuando ninguna autoridad ha formulado señalamiento alguno”, y como dijo Don Teofilito, ni lo hará, pues más que sabido es que todos se tapan con la misma cobija.

El diputado local perredista, Francisco Rodríguez García, con la misma supuesta ligereza de las injustas plumas colimenses “que es sabido están al servicio de intereses muy focalizados con el futurismo electoral”,  se le ha lanzado a la yugular a Chucho creyendo que “entre más graves sean las acusaciones que se lancen sin sustento, mejor periodista se es”,  acusándolo de que su desempeño durante apenas siete meses como mandamás de la APIMAN  “siembra dudas, genera incertidumbre y le acompaña un tufo de corrupción que ha sido señalado en otras ocasiones”.

El señalamiento concreto que le hace Paco a su antiguo compañero de partido, es el de “contratar a la empresa Trasmacol S.A. de C.V., de reciente y súbita creación, para encargarse del traslado de contenedores, movimiento en el que hay sospecha de corrupción, toda vez que ya existía una empresa con licitación para realizar este tipo operaciones”. Será el sereno, pero cada director general de la APIMAN tiene el sacrosanto derecho de poner y quitar concesionarios, de otorgar obras y contratos a discreción, ante la complacencia de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal, pues el manejo patrimonialista del cargo es ley.

Claridoso, Paco denuncia que  durante la administración de Jesús Orozco Alfaro, la empresa “Contecon “– representante en Manzanillo de “International Container Terminal Services, Inc.”, recibió de ésta la orden de subcontratar el servicio de traslado de contenedores con la orozquista empresa de nueva creación “Transmacol S.A. de C.V”, “pecata minuta” que para el legislador y perredista  representa una grave irregularidad, cuando sólo es el aprovechamiento de una de esas oportunidades que cuando se le  presentan en la vida a políticos transas como Orozco Alfaro, deben aprovecharlas. Lástima, para Chuco, que el gusto le durara tan poco tiempo, pues hacía cuentas alegres para todo el sexenio peñanietista.

El “sospechosismo” del diputado Rodríguez García se basa en que conoce la trayectoria del ex funcionario Orozco Alfaro y en las dudas que le surgen  al comprobar que condicionó  la operación de una concesión al contrato de servicios con Transmacol, razones más que suficientes para enviar oficios a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las comisiones respectivas en las Cámaras de Senadores y de Diputados y al SAT,  para que se investigue si existe alguna irregularidad  como el ocultamiento de intereses turbios y posibles actos de corrupción y tráfico de influencias, y de dónde proceden los fondos que sirvieron para financiar la creación de la citada empresa.

Menos mal  que el vicealmirante Bustos Espino, según su propio dicho,  recibió buenas cuentas de Orozco Alfaro, pues el combate a la corrupción y a la impunidad es una de las banderas que enarbola el presidente Enrique Peña Nieto, y el cambio en la titularidad de la APIMAN no fue para que todo siguiera igual. ¿O sí? Los porristas  periodísticos que Nabor Ochoa López tiene en Manzanillo se ufanan de que a pesar del cambio en la dirección general de la API, esta dependencia  sigue convertida en la principal oficina de campaña del diputado federal Ochoa López. “Y las evidencias ahí están. No las ven aquellos que no quieren verlas”, citando en primer término la reciente contratación- que en realidad se hizo desde el arranque mismo de la gestión chuchista- de “activos leales al diputado federal del Partido Verde Ecologista”, el ex director de Obras Públicas, Salvador Reyes; la ex subdirectora de Desarrollo Urbano, Zayda Armenta Paredes; y el ex director de Egresos, Miguel Ángel Maldonado Serrarás.

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