Estación Sufragio

En efecto, se está gestando un movimiento al que podríamos denominar TUCON: Todos Unidos Contra Nacho, a semejanza de aquel famoso TUCOM que conformaron los gobernadores priistas para impedir que el entonces dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo, se hiciera de la candidatura presidencial en las elecciones de 2000.

Pero contrario a lo que piensan algunos teóricos de la conspiración, a ese frente unido contra el mandatario estatal no están convocando el ex gobernador Mario Anguiano ni el líder de la burocracia, Martín Flores, o el ex candidato a la gubernatura Jorge Luis Preciado. El TUCON es mérito exclusivo del gabinete estatal.

Cada día son más los grupos políticos, sectores sociales y ciudadanos que, agraviados por las políticas de Nacho Peralta y la negligente forma de operarlas que tiene sus secretarios de despacho, encuentran motivos para alinearse en contra del Gobernador. El TUCON no es resultado de rencores personales ni de intereses afectados o siquiera de fobias partidistas, es el logro de un gabinete empeñado en construir un Colima unido… en contra del mandatario estatal.

Por ejemplo, el secretario de Finanzas, Carlos Noriega. No hay que ser un genio para comprender que si a los maestros del estado les cargan impuestos sobre el aguinaldo y otras prestaciones económicas, cuando antes se los exentaban, los ingresos que obtenga la tesorería estatal irán en la misma proporción con cargo al capital político de José Ignacio Peralta. El magisterio no acepta razones fiscales ni culpará al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, de la decisión. Lo único que entienden es que, en cuestiones de dinero, estaban mejor cuando estaban peor.

Falló la estrategia para convencer a los trabajadores de la educación de la necesidad de esa medida, pues miran la retención como una venganza. En cambio, el jueves pasado el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado convocó a los medios para hacer el balance del año y, de paso, señalar que a la burocracia siempre le han descontado de nómina el impuesto sobre todos los conceptos que se les pagan. Pero mientras Martín Flores hacía su parte en este trabajo de operación política, funcionarios del gobierno estatal alentaban al líder de los burócratas del municipio de Colima, Héctor León Alam, para que protestara contra el alcalde Héctor Insúa porque les retuvo el impuesto sobre el aguinaldo.

La manera en que el secretario de Administración, Kristian Meiners, ejecuta el plan de austeridad corriendo a 10 para recontratar a 11, por ejemplo en el Canal 12, engañando a los trabajadores de confianza para que no puedan cobrar una liquidación, rebajando el sueldo a unos mientras aumentan las compensaciones a otros, asignando jefaturas de departamento a empleados que vienen a ocupar plazas que le corresponden al Sindicato o cesando a becarios y trabajadores por honorarios a quienes les habían prometido una base, ha hecho aumentar la nómina de descontentos.

Grandes aportaciones al movimiento antinachista ha hecho el secretario de Turismo, César Castañeda, con sus privatizaciones: el auditorio “Manuel Bonilla Valle” que está siendo convertido en un acuario, y el Parque Regional Metropolitano “Griselda Álvarez que se transformará en un zoológico africano. Ambos, negocios inviables que pronto tendrán que ser subsidiados por el gobierno de Peralta Sánchez que no sólo creía estarse desembarazando de los gastos de mantenimiento sino que esperaba tener utilidades de esta asociación con empresarios. Hay una larga lista de ciudadanos, liderados parcialmente por dos partidos de oposición, inconformes con la enajenación de estos espacios públicos, que están sacando gustosos su credencial como miembros del TUCON.

Fuera del gabinete pero parte de la estructura de gobierno, el presidente del PRI, Rogelio Rueda, también ha hecho contribuciones al TUCON. Una camada de dirigentes municipales, la mayoría de ellos sin trayectoria partidista, pero incluso quienes con una hoja de militancia más nutrida los acompañan desde la secretaría general del comité directivo, socavan sus estructuras territoriales al decir a los líderes naturales: ‘ya estamos cansados de que nomás se acerquen al Partido a pedir cosas’, como si los hubieran acostumbrado a otra cosa.

Y aunque la lista de aportaciones al TUCON es larga, termino con la secretaria de Movilidad, Gisela Méndez, quien impulsa una ley en la materia sin el consenso de quienes actualmente participan en el sistema de transporte. En el diagnóstico que la funcionaria estatal hace del sector, los concesionarios de taxis y de colectivos resultan ineficaces.

Sin embargo, los líderes de estos permisionarios reclaman que el diagnóstico no identifica los factores estructurales que los llevaron a esta situación. Y responden al pensamiento de la Secretaria: ‘si ya no es negocio, déjenlo a otros que sí estén dispuestos a invertir’, con un razonamiento: ‘la reforma a la Ley de Movilidad no reconoce la deuda política que el gobierno priista tiene con las transportistas’.

Como me dijo uno de esos prestadores del servicio: ‘si se tratara de un gobierno panista aceptaríamos –no sin luchar– que busquen hacer borrón y cuenta nueva, pero el gobierno de Nacho olvida las contribuciones que por décadas han hecho los transportistas al sistema… político’.

Y es verdad, taxistas y camioneros no sólo prestaban sus unidades para la movilización de las fuerzas vivas en las campañas del viejo PRI, cuando había que acarrear masas a los mítines y las casillas (y no sólo eran requisados sus vehículos durante una gira del Ejecutivo federal, para transportar a los elementos del Estado Mayor Presidencial y hasta a los enviados especiales de la prensa capitalina), sino que después, cuando la legislación electoral prohibió el acarreo y los carruseles de votantes, los taxistas –operando bajo la norma– hicieron los trasladados de electores desde colonias y comunidades hasta las “casas amigas” donde se operó el voto duro del tricolor, pagando a quienes aceptaban depositar una boleta ya cruzada y devolver la otra en blanco, o por dejar en depósito su credencial de elector .

Seguramente el partido gobernante no espera que los transportistas presten este servicio una vez más en 2018.

Adalberto Carvajal Berber

Analista Político

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